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Viernes, 15 de noviembre de 2019

Diferencia entre revisiones de «Privilegios Eclesiásticos»

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El [[Privilegio del Fuero |privilegio del fuero]] le asegura al [[clérigo]] un [[Tribunales Eclesiásticos |tribunal]] especial en casos civiles y criminales ante un [[Juez Eclesiástico |juez eclesiástico]].  Las [[causa]]s civiles de los clérigos por naturaleza pertenecen a los tribunales seculares tanto como las de los [[laicos]].  Pero la [[idea]] de que era indecoroso que los padres y profesores de los [[fieles]] fuesen llevados ante laicos como jueces, así como la experiencia que muchos laicos estaban sumamente inclinados a oprimir al [[Clero Secular |clero]] (c. 3 VIto de immun., III, 23), llevó a [[la Iglesia]] a retirar sus siervos de los tribunales seculares incluso en materia civil, y a llevarlos enteramente bajo su propia [[Jurisdicción Eclesiástica |jurisdicción]].
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En el [[Imperio Romano]], en virtud de las decisiones de los [[sínodo]]s, en disputas civiles un [[clérigo]] podía citar a otro sólo ante el [[obispo]] (cc. 43, 46, C XI, q. 1).  Sin embargo, estos [[decreto]]s sinodales no lograban ningún reconocimiento por parte de los tribunales [[laicos]], hasta que [[Justiniano I]] relegó todas las disputas de los [[clérigo]]s entre sí y las quejas de laicos contra clérigos al [[Fuero Eclesiástico |fuero eclesiástico]] (Novella LXXIX, LXXXIII, CXXIII, cc. 8, 21, 22).  En el reino [[los Francos |franco]] también los clérigos podían convocar a otro solo ante los obispos en [[causa]]s civiles (Primer Sínodo de [[Antigua Diócesis de Mâcon]], 583, c. 8), mientras que los laicos envueltos en una disputa civil con clérigos podían acudir ante el tribunal secular solo con el permiso del obispo ([[Concilios de Orleans |Tercer Sínodo de Orléans]], 538, c. 35). El Edicto de Clotario II (614, c. 4) alteró las [[ley]]es existentes al determinar que por lo menos las acciones por [[deuda]]s contra clérigos también debían llevarse ante el [[Tribunales Eclesiásticos |tribunal]] episcopal.  La legislación [[Carlomagno |carolingia]] no hizo alteración a esto, pero prohibió expresamente que los clérigos comparecieran personalmente ante los tribunales civiles, y les ordenó nombrar un [[Advocatus Ecclesiæ |defensor]] (''advoctus'') para representarlos (Admonitio generalis, 789, c. 23).
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En [[causa]]s criminales en el [[Imperio Romano]] el [[obispo]] no tenía ninguna [[Jurisdicción Eclesiástica |jurisdicción]], excepto en asuntos triviales.  A él le correspondía sólo la [[deposición]] del [[clérigo]] criminal antes de que el juez secular le infligiese el castigo (Novella CXXIII, c. 21, § 1; CXXXVII, c. 4).  En el imperio [[los Francos |franco]]  los obispos eran condenados y [[degradación |degradados]] en el [[sínodo]], tras lo cual el tribunal secular ejecutaba la [[sentencia]] de [[Pena Capital |muerte]], cuando [[necesidad |necesario]].  Más aún en el caso del resto del [[Clero Secular |clero]] prevalecía el poder de los tribunales [[laicos]] para infligir el castigo.  Pero, desde el momento del Edicto de Clotario II (614), los [[sacerdote]]s y [[diácono]]s comenzaron a ser tratados de la misma manera que los obispos.  A este respecto la legislación [[Carlomagno |carolingia]] permaneció esencialmente igual ([[Concilio de Frankfort]], 794, c. 30). 
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La liberación gradual del [[Clero Secular |clero]] de los tribunales [[laicos]] recibió otro incentivo a partir del cada vez mayor número de [[causa]]s eclesiásticas, de la opinión de que el clero estaba sujeto a lo personal, y [[la Iglesia]] a la [[Derecho Romano |ley romana]], de la prohibición eclesiástica a que los [[clérigo]]s participasen en [[duelo]]s u [[ordalías]], de la creciente importancia política de los [[obispo]]s como condes y señores territoriales después de la desintegración del Imperio [[Carlomagno |carolingio]].  Así, en vista de los feroces actos de [[violencia]] cometidos por los laicos, [[Falsas Decretales |Pseudo-Isidoro]] pudo exigir en los términos más urgentes que ningún clérigo fuese citado ante los tribunales seculares (cc.. 1, 3, 9, 10, 37, C. XI, q. 1).  Los [[Papas]] [[Edad Media |medievales]] y las [[ley]]es [[Decretales Papales |decretales]] establecieron el principio de la competencia exclusiva de los [[Juez Eclesiástico |jueces eclesiásticos]] sobre clérigos en causas civiles y criminales (cc. 4, 8, 10, 17, X de iud., II, 1; cc. 1, 2, 9, 12, 13, X de foro compet., II, 2).  Solo en los asuntos [[feudalismo |feudales]] el clero estaba sujeto a los tribunales seculares (cc. 6, 7, X de foro compet., II, 2). Los [[Tribunales Eclesiásticos |tribunales eclesiásticos]] eran así competentes para las causas civiles de clérigos entre sí, de laicos contra clérigos y para todas las causas criminales de clérigos.  Este ''privilegium fori'' fue también reconocido por las leyes imperiales (Auténtica de [[Federico II]], "Statuimus", 1139 ad 1. 33, C. de episc. I, 3).  Sin embargo, desde el principio encontró gran oposición de parte del [[Iglesia y Estado |Estado]].  Con la creciente ascendencia del Estado sobre [[la Iglesia]], el [[privilegio]] se volvió cada vez más limitado y finalmente fue abrogado en todas partes.
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Para 1911, según la [[ley]] secular, las causas civiles y criminales de [[clérigo]]s pertenecen al tribunal [[laicos |laico]].    Los clérigos están sujetos a su [[obispo]] solo respecto a las condiciones puramente espirituales de su estado y oficio, y entonces no sin ciertas limitaciones —especialmente con respecto a ciertos castigos prácticos.  Sin embargo, [[la Iglesia]] mantiene, en principio, el ''privilegium fori'', incluso para aquellos en las [[Órdenes Menores |órdenes menores]], siempre que tengan la [[tonsura]] y usen la [[Vestimenta clerical |vestimenta clerical]], ya sea estén sirviendo en una iglesia o se estén preparando en un [[Seminario Eclesiástico |seminario]] o [[universidades |universidad]] para la recepción de las [[Órdenes Sagradas |órdenes mayores]] ([[Concilio de Trento]], Ses. XXIII de Ref., c. VI; Ses. XXV de Ref., c. XX; Syllabus, n. 31). Por otro lado, los [[Papas]] en gran medida han renunciado a esta posición en sus [[concordato]]s recientes. Sin embargo, han exigido que los obispos deben ser informados de las acciones penales en contra de un clérigo, de modo que pueda tomas las medidas eclesiásticas [[necesidad |necesarias]] (Concordato de [[Reino de Baviera |Baviera]], art. XII, litt. c.; Concordato de [[Monarquía Austro-Húngara |Austria]], art. XIII, XIV; Concordato con [[República de Costa Rica |Costa Rica]], art. XIV, XV; el de [[Santiago de Guatemala |Guatemala]], art. XVI, XVII; el de [[Nicaragua]], art. XIV, XV; el de [[República de El Salvador |San Salvador]], art. XIV, XV).  Este aviso al  obispo también es ordenado por las [[ley]]es de muchos estados, al igual que una consideración similar para el clérigo mismo en el caso de acciones criminales (Regulación del Ministerio de Justicia de [[Prusia]] de 12 junio 1873; de 25 ago. 1879; Ley de Austria de  7 mayo 1874, §29).
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Pero, dondequiera que el [[Papa]] no ha renunciado al ''privilegium fori'', los legisladores y administradores que directa o indirectamente obligan a los jueces a citar a las [[Persona Eclesiástica |personas eclesiásticas]] ante el foro secular, incurren en [[excomunión]] especialmente reservada al Papa ([[Papa Beato Pío IX |Pío IX]], “[[Apostolicae Sedis Moderationi]]”, 12 oct. 1869, I, 7).  En los lugares donde la [[derogación]] papal del ''privilegium fori'' no se ha asegurado, sino donde la [[justicia]] sólo puede obtenerse ante el juez secular, un demandante [[laicos |laico]], antes de citar a un [[clérigo]] ante los tribunales seculares, debe solicitar el permiso del [[obispo]], o si la queja es contra un obispo, el permiso del Papa.  De otro modo, el obispo puede tomar medidas punitivas contra él [[Sag. Cong. de la [[Inquisición]], 23 enero 1886).  También está de acuerdo con el espíritu del ''privilegium fori'' que en muchas [[diócesis]] se ordena que todas las querellas de y contra clérigos sean llevadas ante el obispo para su resolución; si no se llegase a un acuerdo, el caso entonces puede ser llevado al tribunal secular  [Archiv für kathol. Kirchenrecht, VII (1862), 200 ss.; LXXXIII (1903), 505 ss., 562; LXXXV (1905), 571; LXXXVI (1906), 356 ss.].
  
 
===''Privilegium Immunitatis''===
 
===''Privilegium Immunitatis''===

Revisión de 23:43 18 ago 2019

Los privilegios eclesiásticos son excepciones a la ley hechas a favor del clero o a favor de objetos y lugares consagrados y sagrados.

Privilegios a Favor del Clero

Los privilegios a favor del clero son: inviolabilidad personal, un tribunal especial, inmunidad frente a determinadas obligaciones y el derecho a un sustento apropiado (privilegium canonis, fori, immunitatis, competentiœ). Además, el clero tiene precedencia a los laicos en asambleas y procesiones religiosas, un lugar especial en la iglesia, es decir, el presbiterio (c. 1, X de vita et honestate cleric., III, 1), y títulos de honor. Estos honores aumentan de acuerdo al orden u oficio superior.

Privilegium Canonis

En el derecho canónico anterior el lastimar o herir a un clérigo era punible con penas canónicas severas, y en ocasiones por la excomunión (cc. 21, 22, 23, 24, C XVII, q. 4). Una persona que hería a un obispo incurría en excomunión ipso facto (Sínodo de Roma, 862 u 863, c. XIV). Cuando a mediados del siglo XII, por instigación de agitadores políticos-religiosos, como Arnoldo de Brescia, se cometieron excesos contra el clero y los religiosos indefensos, quienes tenían prohibido llevar armas, la Iglesia se vio obligada a hacer leyes más estrictas. Así, el Segundo Concilio de Letrán (1139), c. XV, siguiendo los sínodos de Clermont (1130), Reims (1131) y Pisa (1135), decretó que quienquiera que de ahí en adelante pusiese mano maliciosa sobre un clérigo o monje incurriría en anatema ipso facto, cuya elevación, excepto en peligro de muerte, estaba reservada al Papa y se debía buscar en persona en Roma (c. 29, C. XVII, q. 4).

Este privilegio que, a partir de las palabras de apertura del canon es llamado el privilegium canonis “Si quis suadente diabolo” o simplemente privilegium canonis, continúa hasta el presente (1908) (Pío IX, “Apostolicae Sedis Moderationi”, 12 oct. 1869, II, 2) y es disfrutado también por las monjas (c. 33, X de sent. Excomm. V, 39), hermanos legos (c. 33 cit.), novicios (c. 21 en VIto h. t. V, 11) e incluso por los terciarios, que viven en común y usan el hábito (León X, "Dum intra", 19 dic. 1516; "Nuper in sacro", 1 marzo 1518). De acuerdo con la redacción del canon, sin embargo, para incurrir en la excomunión es necesario que la lesión infligida al clérigo o monje sea una herida maliciosa y real, la cual incluya privación de la libertad no autorizada (c. 29, X h. t. V, 39). En consecuencia, no incurre en excomunión un superior que esté castigando justamente a uno de sus inferiores (cc. 1, 10, 24, 54, X h. t. V, 39); uno que actúa en defensa propia contra un clérigo (cc. 3, 10, X h. t. V, 39), uno que venga un insulto o asalto a su esposa, madre, hermana o hija (c. 3 cit.); cuando la injuria resulta de una broma (c. 1, X h. t. V, 39), o si el asaltante es ignorante sobre el rango clerical (a ser atestiguado bajo juramento, si necesario) (c. 4, X h. t. V, 39).

En lugar del Papa, el obispo da la absolución en el caso de una herida leve (c. 3, 17, 31, X h. t. V, 39); o si un viaje a Roma fuese imposible; si el obstáculo para el viaje fuese sólo temporal, el agresor debe prometer bajo juramento al obispo en el momento de recibir la absolución que se presentará ante el Papa cuando desaparezca el obstáculo; en caso de que no lo haga, la sentencia revive (cc. 1, 2, 6, 11, 13, 26, 32, 33, 37, 58, 60, X h. t. V, 39; c. 22 en Vlto h. t. V, 11). De acuerdo con el Concilio de Trento, el obispo también puede absolver cuando no es cuestión de delitos secretos (Ses. 24 De Ref., c. VI) y, en virtud de las facultades quinquenales pro foro interno de las ofensas menos graves. Como consecuencia de las más amplias facultades de exoneración de las censuras eclesiásticas que disfrutan los confesores hoy día, la comparecencia personal en Roma es quizás necesaria sólo en los casos más graves. Los abades absuelven a sus súbditos en caso de ofensas leves que ocurren entre ellos (c. 2, 32, 50, X h. t. V, 39). Este privilegio aumenta con el oficio. Así, quienquiera que cometa delito o cause una herida real a un cardenal, legado papal u obispo incurre en excomunión speciali modo reservata (Pío IX, “Apostolicae Sedis Moderationi”, 12 oct. 1869, I, 5). Mientras que el antiguo derecho común alemán castigaba el herir a un clérigo con una multa más alta que el herir a un laico, las leyes seculares modernas como el derecho romano, proveen protección especial para los clérigos solo durante el ejercicio de su ministerio.

Privilegium Fori

(Vea también artículo Privilegio del Fuero).

El privilegio del fuero le asegura al clérigo un tribunal especial en casos civiles y criminales ante un juez eclesiástico. Las causas civiles de los clérigos por naturaleza pertenecen a los tribunales seculares tanto como las de los laicos. Pero la idea de que era indecoroso que los padres y profesores de los fieles fuesen llevados ante laicos como jueces, así como la experiencia que muchos laicos estaban sumamente inclinados a oprimir al clero (c. 3 VIto de immun., III, 23), llevó a la Iglesia a retirar sus siervos de los tribunales seculares incluso en materia civil, y a llevarlos enteramente bajo su propia jurisdicción.

En el Imperio Romano, en virtud de las decisiones de los sínodos, en disputas civiles un clérigo podía citar a otro sólo ante el obispo (cc. 43, 46, C XI, q. 1). Sin embargo, estos decretos sinodales no lograban ningún reconocimiento por parte de los tribunales laicos, hasta que Justiniano I relegó todas las disputas de los clérigos entre sí y las quejas de laicos contra clérigos al fuero eclesiástico (Novella LXXIX, LXXXIII, CXXIII, cc. 8, 21, 22). En el reino franco también los clérigos podían convocar a otro solo ante los obispos en causas civiles (Primer Sínodo de Antigua Diócesis de Mâcon, 583, c. 8), mientras que los laicos envueltos en una disputa civil con clérigos podían acudir ante el tribunal secular solo con el permiso del obispo (Tercer Sínodo de Orléans, 538, c. 35). El Edicto de Clotario II (614, c. 4) alteró las leyes existentes al determinar que por lo menos las acciones por deudas contra clérigos también debían llevarse ante el tribunal episcopal. La legislación carolingia no hizo alteración a esto, pero prohibió expresamente que los clérigos comparecieran personalmente ante los tribunales civiles, y les ordenó nombrar un defensor (advoctus) para representarlos (Admonitio generalis, 789, c. 23).

En causas criminales en el Imperio Romano el obispo no tenía ninguna jurisdicción, excepto en asuntos triviales. A él le correspondía sólo la deposición del clérigo criminal antes de que el juez secular le infligiese el castigo (Novella CXXIII, c. 21, § 1; CXXXVII, c. 4). En el imperio franco los obispos eran condenados y degradados en el sínodo, tras lo cual el tribunal secular ejecutaba la sentencia de muerte, cuando necesario. Más aún en el caso del resto del clero prevalecía el poder de los tribunales laicos para infligir el castigo. Pero, desde el momento del Edicto de Clotario II (614), los sacerdotes y diáconos comenzaron a ser tratados de la misma manera que los obispos. A este respecto la legislación carolingia permaneció esencialmente igual (Concilio de Frankfort, 794, c. 30).

La liberación gradual del clero de los tribunales laicos recibió otro incentivo a partir del cada vez mayor número de causas eclesiásticas, de la opinión de que el clero estaba sujeto a lo personal, y la Iglesia a la ley romana, de la prohibición eclesiástica a que los clérigos participasen en duelos u ordalías, de la creciente importancia política de los obispos como condes y señores territoriales después de la desintegración del Imperio carolingio. Así, en vista de los feroces actos de violencia cometidos por los laicos, Pseudo-Isidoro pudo exigir en los términos más urgentes que ningún clérigo fuese citado ante los tribunales seculares (cc.. 1, 3, 9, 10, 37, C. XI, q. 1). Los Papas medievales y las leyes decretales establecieron el principio de la competencia exclusiva de los jueces eclesiásticos sobre clérigos en causas civiles y criminales (cc. 4, 8, 10, 17, X de iud., II, 1; cc. 1, 2, 9, 12, 13, X de foro compet., II, 2). Solo en los asuntos feudales el clero estaba sujeto a los tribunales seculares (cc. 6, 7, X de foro compet., II, 2). Los tribunales eclesiásticos eran así competentes para las causas civiles de clérigos entre sí, de laicos contra clérigos y para todas las causas criminales de clérigos. Este privilegium fori fue también reconocido por las leyes imperiales (Auténtica de Federico II, "Statuimus", 1139 ad 1. 33, C. de episc. I, 3). Sin embargo, desde el principio encontró gran oposición de parte del Estado. Con la creciente ascendencia del Estado sobre la Iglesia, el privilegio se volvió cada vez más limitado y finalmente fue abrogado en todas partes.

Para 1911, según la ley secular, las causas civiles y criminales de clérigos pertenecen al tribunal laico. Los clérigos están sujetos a su obispo solo respecto a las condiciones puramente espirituales de su estado y oficio, y entonces no sin ciertas limitaciones —especialmente con respecto a ciertos castigos prácticos. Sin embargo, la Iglesia mantiene, en principio, el privilegium fori, incluso para aquellos en las órdenes menores, siempre que tengan la tonsura y usen la vestimenta clerical, ya sea estén sirviendo en una iglesia o se estén preparando en un seminario o universidad para la recepción de las órdenes mayores (Concilio de Trento, Ses. XXIII de Ref., c. VI; Ses. XXV de Ref., c. XX; Syllabus, n. 31). Por otro lado, los Papas en gran medida han renunciado a esta posición en sus concordatos recientes. Sin embargo, han exigido que los obispos deben ser informados de las acciones penales en contra de un clérigo, de modo que pueda tomas las medidas eclesiásticas necesarias (Concordato de Baviera, art. XII, litt. c.; Concordato de Austria, art. XIII, XIV; Concordato con Costa Rica, art. XIV, XV; el de Guatemala, art. XVI, XVII; el de Nicaragua, art. XIV, XV; el de San Salvador, art. XIV, XV). Este aviso al obispo también es ordenado por las leyes de muchos estados, al igual que una consideración similar para el clérigo mismo en el caso de acciones criminales (Regulación del Ministerio de Justicia de Prusia de 12 junio 1873; de 25 ago. 1879; Ley de Austria de 7 mayo 1874, §29).

Pero, dondequiera que el Papa no ha renunciado al privilegium fori, los legisladores y administradores que directa o indirectamente obligan a los jueces a citar a las personas eclesiásticas ante el foro secular, incurren en excomunión especialmente reservada al Papa (Pío IX, “Apostolicae Sedis Moderationi”, 12 oct. 1869, I, 7). En los lugares donde la derogación papal del privilegium fori no se ha asegurado, sino donde la justicia sólo puede obtenerse ante el juez secular, un demandante laico, antes de citar a un clérigo ante los tribunales seculares, debe solicitar el permiso del obispo, o si la queja es contra un obispo, el permiso del Papa. De otro modo, el obispo puede tomar medidas punitivas contra él [[Sag. Cong. de la Inquisición, 23 enero 1886). También está de acuerdo con el espíritu del privilegium fori que en muchas diócesis se ordena que todas las querellas de y contra clérigos sean llevadas ante el obispo para su resolución; si no se llegase a un acuerdo, el caso entonces puede ser llevado al tribunal secular [Archiv für kathol. Kirchenrecht, VII (1862), 200 ss.; LXXXIII (1903), 505 ss., 562; LXXXV (1905), 571; LXXXVI (1906), 356 ss.].

Privilegium Immunitatis

Privilegium Competentiœ

Privilegios a Favor de Lugares y Cosas Sagradas

Bibliografía: KOLB, Aquita certans pro immunitate et exemptione ecclesiarum, monasteriorum et status ecclesiastici a potestate sæcularis (Frankfort, 1687); FATTOLINI, Theatrum immunitatis a libertatis ecclesiasticæ (Roma, 1704-30); BULMERINCQ, Das Asylrecht in seiner geschichtl. Entwicklunq u. die Auslieferung flüchtiger Verbrecher (Dorpat, 1853); HÜFFER in Archiv f. kath. Kirchenrecht, III, 755 ss.; GRASHOFF in ibid., XXXV, 3 ss., 321 ss.; XXXVII, 3 ss., 256 sqq.; XXXVIII, 3 ss.; WIDDER en ibid., LXXVIII, 24 ss.; PONCET, Les privilèges des clercs au moyen-âge (París, 1907); BINDSCHEDLER, Kirchliches Asylrecht (Immunitas ecclesiarum localis) u. Freistätten en der Schweiz (Stuttgart, 1906); HINSCHIUS, Das Kirchenrecht der Katholiken u. Protestanten in Deutschland (Berlín, 1869-88), I, 118 ss.; IV, 156 ss., 306 ss.; WERNZ, Jus decretalium (2da ed., Roma, 1905-8), II, I, 236 ss.; III, I, 167 ss.; III, II, 966 ss.; LAURENCIO, Institutiones juris ecclesiastici (2da ed., Friburgo, 1908), 83 ss., 354, 559, 641; SÄGMÜLLER, Lehrbuch des kathol. Kirchenrechts (2da ed., Friburgo, 1909), 205 ss., 731 ss., 861 ss.

Fuente: Sägmüller, Johannes Baptist. "Ecclesiastical Privileges." The Catholic Encyclopedia. Vol. 12, pp. 437-440. New York: Robert Appleton Company, 1911. 17 Aug. 2019 <http://www.newadvent.org/cathen/12437a.htm>.

Está siendo traducido por Luz María Hernández Medina.