Aspecto moral de la quiebra

La quiebra (o bancarrota) debe ser considerada no sólo desde el punto de vista jurídico sino también desde el punto de vista moral, pues la sana moralidad establece que las deudas deben ser pagadas. Pero un hombre que se declara en quiebra proclama su incapacidad para pagar la totalidad de sus deudas a su vencimiento. Tal reconocimiento no conlleva la pena de esclavitud o pena de prisión, como antaño; la ley toma posesión de su propiedad y la divide entre sus acreedores. Si después de todo, es suficiente para pagar a todos sus acreedores en su totalidad, ese es el final del asunto, la justicia y la conciencia quedan satisfechas. Si, sin embargo, como suele ser el caso, los acreedores sólo reciben una parte de lo que se les debe, sufren pérdidas debido a la acción de la quiebra, y si él es la causa voluntaria de esa pérdida, es moralmente culpable de la causa de la injusticia a su vecino. No hay culpa moral atribuible a un hombre que se declara en quiebra y es incapaz de pagar sus deudas debido a una desgracia y no por culpa suya. Pero si la quiebra ha sido provocada por culpa del deudor, debe ser condenado en el tribunal de la moral incluso si escapa sin castigo en el tribunal de derecho. La quiebra puede ser el resultado de su propia culpa en una gran variedad de formas. Vivir más allá de los propios medios, negligencia o imprudencia en el ejercicio de la actividad comercial, el gasto en juegos y apuestas del dinero que se debe a los acreedores son las causas frecuentes de los deudores que comparecen ante el tribunal de quiebras. Todas esas causas van acompañadas con más o menos de la culpabilidad moral, en proporción a la advertencia de la quiebra sobre sus probables consecuencias, y la voluntariedad de su acción.

También se cometen infracciones a la ley moral en una gran variedad de formas en relación con la quiebra misma. El beneficio de la ley se extiende al deudor en quiebra si él cumple fielmente con todos sus justos requisitos; hacer esto, entonces, es un asunto de conciencia. Está obligado a hacer una declaración completa de todas sus propiedades, y de entregarla para el beneficio de sus acreedores. En efecto, bien puede conservar lo que la ley le permita, pero nada más, salvo que la ley no provea en absoluto para él, y el resultado de la entrega de todo sería reducirse a la indigencia a sí mismo y a sus dependientes. Sin embargo, este resultado no debe ser fácilmente presumible en el caso de la ley de quiebra moderna, la cual es muy humana en su tratamiento del desafortunado deudor y hace las provisiones necesarias para él. Es evidente que está en contra de los derechos de los acreedores y en contra de la justicia que un deudor insolvente transfiera algunos de sus bienes a su esposa o a un amigo, quien los guardará para él hasta que la tempestad pase, de modo que los acreedores no pueden llegar hasta él. En la misma forma un deudor es culpable de deshonestidad y fraude si oculta o elimina algunos de sus bienes, o si permite que se pruebeuna deuda ficticia contra el patrimonio.

Se le causa pérdida a los acreedores y comete una injusticia un deudor insolvente que sigue haciendo negocios después del tiempo cuando se reconoce plenamente que es insolvente, y que no hay esperanza razonable de volver a recuperarse. Él puede seguir pagando las deudas que pueda a su vencimiento si el acreedor le requiere el pago, y debe hacer los pagos corrientes por valores recibido. Pero si al contemplar la quiebra le paga a algún acreedor en su totalidad con el fin de darle preferencia sobre los demás acreedores, se convierte en culpable de una preferencia fraudulenta. La ley de quiebras ciertamente establece que ciertas deudas privilegiadas deben ser pagadas en su totalidad, pero afirma que el resto debe ser pagado a plazos entre los acreedores sin favorecer a ninguno. Si un insolvente favorece a un acreedor pagándole en su totalidad, mientras que los otros tienen, en consecuencia, que conformarse con menos que su justa parte, él es culpable de fraude. Esto no sólo es el caso si dicho pago se realiza después que se ha presentado la petición de quiebra, sino también si se hace dentro de un período determinado, fijado por la ley, antes de la presentación de una petición. En Gran Bretaña este período es de tres meses, en los Estados Unidos es de cuatro meses anteriores a la adjudicación. Las leyes que prohíben tales pagos preferenciales son justas, y deben ser observadas. Si han sido violadas, y tal hecho se vuelve conocido, los pagos podrán ser retirados por el administrador de quiebra o el receptor oficial. Sin embargo, aunque las preferencias fraudulentas son contrarias a la ley positiva, no está claro que estén contra la justicia natural a fin de imponer a los culpables una obligación en conciencia al margen de cualquier orden de la corte para hacer la restitución. Los teólogos han discutido la cuestión, y algunos sostienen que no hay obligación de imponer tal restitución, aparte de una orden positiva de la Corte, ya que después de todo el acreedor privilegiado sólo ha conseguido lo que le pertenecía.

Si la conducta del insolvente con referencia a su quiebra ha sido la que exige la ley, el tribunal le concede el relevo; de lo contrario estará sujeto a ciertas incapacidades como una quiebra no liquidada. Algunas deudas especiales y las obligaciones no se ven afectados por el relevo, y se plantea la cuestión de si un relevo absoluto extingue la deuda o simplemente libera al insolvente de la responsabilidad jurídica. El efecto de tal acto judicial depende de la legislación del país. Si esa ley provee expresamente que una quiebra que haya obtenido su relevo no se ve liberada de sus antiguas obligaciones, sino simplemente protegida contra los procedimientos jurídicos de la deuda, ese es el fin del asunto. Por otra parte, no se puede negar que la ley de un país puede liberar a un honesto y desafortunado deudor de su carga de la deuda y hacerlo libre para comenzar un nuevo negocio. En las sociedades comerciales, especialmente, tal ley puede conducir al bien público, ya que no se concede a los deudores fraudulentos, sino a los que son honestos y cumplen con los rigurosos requisitos de la ley Es simplemente una cuestión de hecho de cuál es el efecto de la ley de cualquier país en particular. Abogados y teólogos concurren en que en la mayoría de los países el efecto de un relevo se limita meramente a los procedimientos legales para la deuda en contra de la quiebra. Todavía permanece su obligación moral de pagar todas sus deudas en su totalidad cuando él sea capaz, y podrá aplazar el pago hasta que llegue el tiempo En que pueda convenientemente cumplir su obligación, y mientras tanto, se le garantiza que no será acosado. Este parece ser el efecto de la Ley Nacional de Quiebra de los Estados Unidos "Puesto que el relevo es personal a la quiebra, puede prescindir de ella, y ya que no destruye la deuda, sino que simplemente lo libera de la responsabilidad, es decir, se elimina la obligación legal de pagar la deuda, dejando inalterada la obligación moral, tal obligación moral es una consideración suficiente para apoyar una nueva promesa" (Brandemburgo, La Ley de Quiebra, 391).

Por el contrario, un relevo absoluto, cuando se concede al deudor honesto según la ley inglesa, libera al deudor de sus deudas, con ciertas excepciones, y lo convierte en un hombre claro otra vez. Esto es admitido por los abogados ingleses y los teólogos que tratan sobre los efectos de la ley de quiebras inglesa. Cuando, por lo tanto, un deudor honesto ha obtenido su relevo absoluto en una corte inglesa, no está bajo ninguna obligación estricta, legal o moral, de pagar sus deudas anteriores en su totalidad, pero si él decide hacerlo, su rectitud escrupulosa será muy apreciada. Lo que se ha dicho sobre la quiebra aplica también a composiciones o esquemas de acuerdo con los acreedores cuando han recibido la sanción de la corte.

Bibliografía: LUGO, De Justitia et Jure (París, 1869), disp. XX; Lehmkuhl, Theologia moralis (Friburgo, 1898), Yo, NN, 1026, 1035; CORLLY, De Justitia et Jure (Dublín, 1870-77), III, II, 1232; Am. Eccl. Review (Filadelfia) XXXI, 348.

Fuente: Slater, Thomas. "Moral Aspect of Bankruptcy." The Catholic Encyclopedia. Vol. 2. New York: Robert Appleton Company, 1907. <http://www.newadvent.org/cathen/02254a.htm>.

Traducido por Luz María Hernández Medina