Diferencia entre revisiones de «Revolución Francesa»

Revisión de 15:40 14 feb 2012

La sociedad en el Antiguo Régimen

Convocatoria de Luis XVI a los Estados Generales del Reino

El despertar del tercer estado

La influencia de la francmasonería en la Revolución Francesa proclamada por Luis Blanc y por la masonería libre misma es probada por las investigaciones de M. Cochin. Sorel ha aclarado la conexión entre la diplomacia de la Revolución y la del viejo régimen. Sus trabajos prueban que la Revolución no marca una ruptura en la continuidad de la política exterior de Francia. La escuela histórica inclinada al radicalismo, fundada y liderada por M. Aulard, ha publicado numerosos documentos muy útiles como así también la reseña "La Révolution Française". Dos años después, se produjo un cisma en esta escuela, M.Mathiez, emprendiendo en oposición a M.Aulard la defensa de Robespierre, en consecuencia de lo cual fundó una nueva reseña "Les Annales Révolutionaires". La "Société d'histoire contemporaine", fundada bajo auspicios católicos, ha publicado una serie de textos relacionados con la historia revolucionaria. Finalmente los trabajos de Abbé Sicard han revelado varias tendencias en el clero que permaneció fiel a Roma, algunas legitimistas, otras más favorables a las nuevas formas políticas, desarrollando por tanto una nueva visión de la historia del clero Francés.

Estas son las más recientes adiciones a la historia de la Revolución Francesa. Este artículo, enfatizará más especialmente en las relaciones entre la Revolución y la Iglesia. (Vea Francia).

Reunión de los Estados

El punto de partida de la Revolución Francesa fue la convocatoria de los Estado Generales por parte de Luis XVI. Ellos comprendía tres órdenes, nobleza, clero y el tercer estado, el mencionado en último término tenía permitido contar con tantos miembros como las otras dos órdenes juntas. La regulación electoral del 24 de enero de 1789, aseguraba al clero parroquial una gran mayoría en las reuniones de las baillages que eran para elegir a la representación clerical a los Estados Generales. Mientras los capítulos solamente enviaban un delegado por diez canónigos, y cada convento sólo uno de sus miembros, todos los curas tenían permitido el voto. El número del la "orden" del clero en los Estados Generales excedía los 300, dentro de los cuales había 44 prelados, 208 curas, 50 canónigos y abades comendadores, y algunos monjes. El clero sostenía casi tan enérgicamente como lo hacía el Tercer Estado el establecimiento de un gobierno constitucional basado en la separación de poderes, la periódica convocatoria a los estados generales, su supremacía en materias financieras, la responsabilidad de los ministros, y la garantía regular de la libertad individual. Por lo tanto las verdaderas y grandes reformas tendientes al establecimiento de la libertad eran defendidas por el clero en vísperas de la Revolución. Cuando los Estados se reunieron el 5 de mayo de 1789, el Tercer Estado demandó que la verificación de poderes debía ser hecha en conjunto por las tres órdenes, siendo su objeto que los Estados debían formar una sola asamblea en la cual la distinción entre las "órdenes" debía desaparecer y en la que cada miembro tendría un voto. Escasamente un cuarto del clero respaldó esta reforma, pero desde la apertura de los Estados fue evidente que el deseado voto individual sería el que le daría a los miembros del Tercer Estado, los sostenedores de la reforma, una efectiva preponderancia.

Tan tempranamente como el 23 de mayo de 1789, los curas, de la casa del Arzobispo de Bordeaux eran de la opinión de que el poder de los diputados debía ser verificado en asamblea general de los Estados, y cuando el 17 de junio los miembros del Tercer Estado se autoproclamaron la "Asamblea Nacional", la mayoría del clero decidió (19 de junio) unírseles. Como el alto clero y la nobleza aún resistían, el rey ocasionó el cierre del salón donde se reunían del Tercer Estado (20 de junio), tras lo cual los diputados, con su presidente, Bailly, se juntaron en el Jeu de Paume y se juramentaron de no dispersarse hasta que hubieran provisto a Francia de una constitución. Después del tronante discurso de Mirabeau (23 de junio) dirigido al Marqués de Deux-Brézé, maestro de ceremonias de Luis XVI, el rey mismo, (27 de junio) invitó a la nobleza a unirse al Tercer estado. El despido por parte de Luis XVI del ministro reformista Necker y la concentración de la armada real cerca de París provocó la insurrección del 14 de julio y la captura de la Bastilla.

M.Frunck Brentano ha destruido las leyendas que rápidamente nacieron en conexión con la celebrada fortaleza. No hubo un levantamiento en masa del pueblo de París, y el número de sitiadores no fue más de mil como máximo, se encontraron solamente siete prisioneros en la Bastilla, cuatro de los cuales eran falsificadores, un hombre joven culpable de crímenes monstruosos y que por el bien de la familia era conservado en la Bastilla y podría escapar de la pena de muerte, y dos prisioneros locos. Pero en la opinión pública la Bastilla simbolizaba el absolutismo real y la captura de esta fortaleza fue considerada como el derrocamiento de todo el régimen, y las naciones extranjeras atribuyeron una gran importancia al evento. Luis XVI se rindió ante esta agitación; Necker fue repuesto; Baillo se convirtió en Alcalde de París, Lafayette, comandante de la milicia nacional; la tri-color fue adoptada y Luis XVI consintió en reconocer el título de "Asamblea Nacional Constituyente". Te Deums y procesiones celebraron la toma de la Bastilla; en los pulpitos el Abad Fauchet predicó la armonía de la religión y la libertad. Como resultado del establecimiento del "voto por orden" los privilegios políticos del clero podría considerarse como que dejaron de existir.

Durante la noche del 4 de agosto de 1789, a instancias del Vizconde de Noailles la Asamblea votó con extraordinario entusiasmo la abolición de todos los privilegios y derechos feudales y la igualdad de todos los franceses. Por tanto un vendaval azotó la riqueza del clero, pero los hombres de la iglesia fueron los primeros en dar ejemplo de sacrificio. Una multiplicidad de beneficios y anualidades fueron abolidos y se acordó sobre la redención del diezmo, pero dos días después el alto clero, tornándose incómodo, demandó otra discusión del voto que había llevado a la redención. El resultado fue la abolición, pura y simple, del diezmo sin redención. En el curso de la discusión Buzot declaró que la propiedad del clero pertenecía a la nación. La conciencia de Luis XVI comenzó a ser alarmada. Se tomó cinco semanas, y entonces meramente publicó los decretos como principios generales, reservándose el derecho de aprobar o rechazar las medidas que pudiera tomar la Asamblea para que tuvieran vigencia.

Declaración de los Derechos del Hombre. El Catolicismo deja de ser la religión del Estado

Antes de darle a Francia una constitución, la Asamblea juzgó necesario redactar una "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano", que debería formar el preámbulo de la Constitución. La sugerencia de Camus de que a la declaración de los derechos del hombre debería agregarse una declaración de sus deberes fue rechazada. La Declaración de Derechos menciona en su preámbulo que es hecha en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, pero dos de tres artículos propuestos por el clero garantizando el respeto debido a la religión y a la devoción pública, fueron rechazados después de los discursos de los Protestantes, Rabaut Saint-Etiene y Mirabeau, y el único artículo relacionado con la religión fue redactado como sigue: "Nadie podrá ser molestado por sus opiniones, aún religiosas, siempre que sus manifestaciones no disturben el orden público establecido por ley". En realidad el deseo de la Asamblea fue que el Catolicismo debía dejar de ser la religión del Estado y que debía ser establecida la libertad de culto. Subsecuentemente declaró a los protestantes elegibles para todos los puestos (24 de diciembre de 1789), restauró sus posesiones y estatus a los herederos de los refugiados Protestantes (10 de julio y 9 de diciembre de 1790), y tomaron medidas a favor de los Judíos (28 de enero, 26 de julio, 16 de agosto de 1790). Pero pronto se tornó evidente en las discusiones relativas a la Constitución Civil del clero que la Asamblea deseaba que la Iglesia Católica, a la que la mayoría del pueblo Francés pertenecía, debía estar sujeta al Estado y realmente organizada por el Estado.

Los rumores de que Luis XVI buscaba huir a Metz y ponerse bajo la protección el ejército de Bouillé con el objeto de organizar un movimiento contra revolucionario y su negativa a promulgar la Declaración de los Derechos del Hombre, provocó un levantamiento en París. La multitud salió hacia Versalles, y entre insultos trajo de vuelta al rey y la reina a París (6 de octubre de 1789). A partir de entonces la Asamblea sesionó en París, primero en la residencia arzobispal, luego en las Tullerías. En este momento comenzó a aparecer en un número de periódicos y panfletos, la idea de tomar posesión de los bienes del clero a los efectos de afrontar exigencias financieras. El plan de confiscar esta propiedad, que había sido sugerido tan tempranamente como el 8 de agosto por el Marqués de Lacoste, fue retomada (septiembre 24) por el economista Dupon de Nemours, y el 10 de octubre fue sostenida en nombre del Comité de Finanzas en un reporte que causó escándalo escrito por Telleyrand, Obispo de Autun, quien bajo el viejo régimen había sido uno de los dos "agentes generales" encargados de defender lo intereses financieros del clero Francés. El 12 de octubre Mirabeau reclamó a la Asamblea decretar (1) que la propiedad de las posesiones de la iglesia pertenecían a la nación que podría proveer a la manutención de los pastores; (2) que el salario de cada cura no debería ser menos de 1200 libras. El plan fue discutido desde el 13 de octubre hasta el 2 de noviembre. Se opusieron el Abeé de Montesquieu, y el Abeé Maury, quienes sostuvieron que siendo los clérigos personas morales, podían ser propietarios, disputaron las estimaciones hechas sobre la riqueza del clero, y sugirieron que sus posesiones deberían simplemente servir como una garantía para un préstamo de 400.000.000 de libras a la nación. Los partidarios de la confiscación mantuvieron que el clero ya no existía más como orden, que la propiedad era como una sucesión sin herederos, y que el Estado tenía el derecho de reclamarla, que además el Gobierno Real nunca había reconocido expresamente al clero como propietario, que en 1749 Luis XV había prohibido al clero recibir nada sin la autorización del Estado, y que había confiscado la propiedad de la Compañía de Jesús. Malouet adoptó una posición intermedia y demandó que el Estado debería confiscar solamente las posesiones eclesiásticas superfluas, pero que el clero parroquial debía ser dotado con tierra. Finalmente, el 2 de noviembre de 1789, la Asamblea decidió que las posesiones del clero estaban "puestas a disposición" de la nación. Los resultados de este voto produjeron prontas consecuencias. La primera fue la moción de Treilhard (17 de diciembre), demandando en nombre del comité eclesiástico de la Asamblea, el cierre de los conventos inútiles, y decretando que el Estado debería permitir a los religiosos relevarse a sí mismos de sus votos monásticos.

La discusión de este proyecto comenzó en febrero de 1790, después de que la Asamblea, mediante la creación de asambleas de los departamentos, distritos y comunas, había procedido a la reorganización administrativa de Francia. La discusión fue de nuevo muy violenta. El 13 de febrero de 1790 la Asamblea, influenciada por las sugerencias más radicales de Barnave y Thouret, decretó como "artículo constitucional" que la ley no sólo no debía reconocer más los votos monásticos, sino que además las órdenes y congregaciones estaban y debían permanecer suprimidas en Francia, y que ninguna otra debía ser establecida en el futuro. Después de haber planeado una supresión parcial de las órdenes monásticas, la Asamblea votó por su supresión total. La propuesta de Cazalès (17 de febrero) llamando a la disolución de la Asamblea Constituyente, y los legítimos esfuerzos hechos por la alta clerecía para advertir a los católicos de no comprar los bienes de la Iglesia confiscados, provocaron represalias. El 17 de marzo de 1790, la Asamblea decidió que las propiedades eclesiásticas alienadas, valuadas en 400.000.000 de libras, debían ser vendidas a los municipios, los que a su vez deberían venderlas a compradores privados. El 14 de abril decidió que el mantenimiento del culto católico debía ser afrontado sin recurrir a la renta de la que fuera propiedad eclesial y que una suma, fijada en más de 133.000.000 de libras para el primer año, deberían ser entradas en el presupuesto para las entregas que debían ser hechas al clero; el 17 de abril el decreto fue aprobado relacionado con assignats, los papeles emitidos por el Gobierno pagando intereses al 5 por ciento, y los que debían ser aceptados en pago por la propiedad eclesial, de allí en más llamada propiedad nacional; finalmente, el 9 de julio, fue decretado que toda esta propiedad debía ser puesta en venta.

Constitución Civil del Clero

El 6 de febrero de 1790, la Asamblea encomendó a su comité eclesiástico, designado el 20 de agosto de 1789 y compuesto de 15 miembros, a preparar la reorganización del clero. El 7 de febrero fueron agregados quince nuevos miembros al comité. Los "constituyentes" eran discípulos de los philosophes del siglo dieciocho quienes subordinaban la religión al Estado, más aún, para comprender su posición es conveniente tener en mente que muchos de ellos eran juristas con ideas galicistas y josefistas. Finalmente Taine ha probado que en muchos aspectos sus políticas religiosas simplemente continuaron los pasos del viejo régimen, pero mientras el viejo régimen protegió a la Iglesia Católica y la hizo la iglesia exclusiva, reconocida, los constituyentes planeaban esclavizarla después de haberla despojado de sus privilegios. Además ellos no tomaron en cuenta que hay temas mixtos que solamente pueden ser regulados después de un acuerdo con la autoridad eclesiástica. Estaban especialmente enfurecidos contra el clero después del discurso consistorial en el cual Pío VI (22 de marzo de 1790) reprobó algunas de las medidas ya tomadas por la Asamblea Constituyente, y por las noticias recibidas desde el norte y sur donde la justa insatisfacción de las conciencias católicas había provocado disturbios; particularmente la elección del Protestante Rabaut Saint-Etiene a la presidencia de la Asamblea Nacional generó conmoción en Toulouse y Nimes. Bajo la influencia de estos disturbios se desarrolló la Constitución Civil del clero. El 29 de mayo de 1790 fue presentado ante el Bonal de la Asamblea, el Obispo de Clermont, y algunos miembros de la Derecha requirieron que el proyecto debía ser sometido a un concilio nacional o al papa. Pero la Asamblea procedió; discutió la Constitución Civil del Clero desde el 1 de Junio al 12 de Julio de 1790, fecha en la cual fue aprobada.

Esta constitución comprendía cuatro títulos

Título I, Oficinas Eclesiásticas: Los límites diocesanos debían coincidir con los de los departamentos, por lo que se debían suprimir 57 sedes episcopales. El título de arzobispo fue abolido; de los 83 episcopados restantes 10 fueron llamados episcopados metropolitanos y se les dio jurisdicción sobre las diócesis vecinas. Ninguna porción del territorio Francés debía reconocer la autoridad de un obispo que viviera en el extranjero, ni de sus delegados, y esto, agrega la Constitución, "sin perjuicio de la unidad de fe y de comunión que debe ser mantenida con la cabeza de la Iglesia Universal". Fueron abolidas canonjías, prebendas y prioratos. No debía haber más ningún puesto sacerdotal especialmente dedicado a llenar las condiciones de las donaciones de la Misa. Fueron prohibidas todas las apelaciones a Roma.

Título II, Nombramientos al Beneficio: Los obispos debían ser designados por la Asamblea Electoral del departamento; debían ser investidos y consagrados por el metropolitano y prestar juramento de fidelidad a la nación, al Rey, a la Ley, y a la Constitución; no debían pedir ninguna confirmación al papa. Los párrocos debían ser electos por las asambleas electorales de los distritos. Por lo tanto todos los ciudadanos, aún Protestantes, Judíos, y Católicos nominales, podían nombrar titulares de las oficinas eclesiásticas, y la primera obligación de los sacerdotes y obispos era prestar juramente de fidelidad a la Constitución que negaba a la Santa Sede cualquier poder efectivo sobre la Iglesia.

Titulo III, Salario de los ministros de la religión: La constitución fijó el salario del obispo de París en 51.000 libras (alrededor de $10.2000), el de los obispos de ciudades cuya población excediera las 50.000 almas en 20.000 libras (alrededor de $4000), y el de otros obispos en 12.000 libras (alrededor de $2400), el de los curas en una suma que oscilaba entre 6000 (alrededor de $1200) y 1200 libras (cerca de $240). Para el bajo clero esto fue una mejora de su condición material, especialmente debido a que el valor real de estas sumas eran dos y una vez y media la suma que recibían en el momento.

Título IV, con relación a la residencia, se establecieron condiciones muy severas relativas a las ausencias de los obispos y pastores. En el festival de la Federación (14 de Julio de 1790) Talleyrand y trescientos pastores oficiando en el altar de la nación erigido en el Campo de Marte usaron la faja tricolor sobre sus vestimentas pastorales y rogaron por la bendición de Dios sobre la Revolución. Estuvieron presentes representantes de las ciudades de Francia, y fue inaugurado una especie de culto, el de la tierra Patria, el origen remoto de todos los "cultos Revolucionarios". El 10 de julio de 1790, en un sumario confidencial a Luis XVI, Pío VI expresó la alarma con la cual lo llenaba el proyecto en discusión. Comisionó a dos eclesiásticos que eran ministros de Luis XVI, Champion de Cicé y Lefranc de Pompignan, para que urgieran al rey a no firmar la Constitución Civil del Clero. El 28 de julio, en una carta al papa, Luis XVI replicó que él sería compelido, "con muerte en el alma", a promulgar la Constitución, que se reservaría el derecho a sacar tan pronto como fuera posible algunas concesiones, pero que si se negaba, su vida y la vida de su familia podría quedar en peligro.

El Papa le respondió (17 de agosto) que aún sostenía la misma opinión sobre la Constitución, pero que no haría ninguna declaración pública sobre el tema hasta que no lo consultara con el Sacro Colegio. El 24 de agosto el rey promulgó la Constitución, por lo cual fue reprendido por el Papa en un comunicado confidencial el 22 de septiembre. M-Mathiez sostiene que ha probado que la dubitación de Pío VI se debió a consideraciones temporales más que espirituales, a su serio miedo sobre los asuntos de Avignon y el Comtat Venaissin, donde ciertos partidos populares estaban clamando por tropas Francesas, pero la verdad es que Pío VI, quien había hecho saber su opinión de la Constitución a dos prelados Franceses, estaba esperando alguna manifestación de parte del episcopado Francés. En verdad los obispos hablaron antes que el papa hablara públicamente. A fines de octubre de 1790, publicaron una "Exposition des principes sur la constitution civile du clergé", compilado por Boisgelin, Arzobispo de Aix en la cual rechazaban la Constitución y llamaban a los fieles a hacer lo mismo. Esta publicación marca el comienzo de un violento conflicto entre el episcopado y la Constitución. El 27 de noviembre de 1790, después de un discurso de Mirabeau, un decreto estipuló que todos los obispos y pastores debían jurar la Constitución en el plazo de una semana, so pena de perder sus puestos, todos aquellos que se rehusaran y sin embargo continuaran cumpliendo sus funciones pastorales debían ser perseguidos por disturbar la paz pública. El rey, muy perturbado por este decreto, finalmente los sancionó (26 de diciembre de 1790) a fin de evitar un levantamiento.

Hasta ese momento un gran sector de la clerecía menor había mostrado una cierta cantidad de simpatía por la Revolución, pero cuando se vio que los miembros episcopales de la Asamblea se rehusaron a prestar juramento, sacrificando de este modo sus sedes, un número pastores siguieron este desinteresado ejemplo. Puede decirse que desde finales de 1790 el alto clero y los elementos verdaderamente ortodoxos de la clerecía menor estuvieron unidos contra las medidas revolucionarias. Desde allí en adelante hubo dos clases, los no juramentados o sacerdotes refractarios, que eran fieles a Roma y rehusaron el juramento, y los que juraron, juramentados, o sacerdotes Constitucionales, que habían consentido prestar su juramento. De los 125 obispos fueron sólo cuatro, Talleyrand de Autun, Brienne de Sens, Jarente de Orleáns y Laford de Savine, de Viviers; tres coadjutores u obispos in partibus, Gobel, Obispo Coadjutor de Bàle, Martial de Brienne, Coadjutor de Sens, y Dubourg-Miraudet, Obispo de Babilón. En las ciudades importantes la mayoría de los sacerdotes se rehusaron a prestar juramento. Son más difíciles de conseguir estadísticas de pequeños burgos y del campo. Los archivos nacionales preservan los registros completos de 42 departamentos que fueron enviados a la Asamblea Constituyente por las autoridades civiles. Estos muestran que en esos 42 departamentos, de 23.093 sacerdotes llamados a jurar, 13.118 lo hicieron. Por tanto había, de cada 100 sacerdotes, 56 o 57 juramentados contra 43 o 44 que no juraron. M. de la Gorce da serias razones para cuestionar estas estadísticas, que fueron compiladas por celosos burócratas ansiosos de complacer a los administradores centrales. Él afirma, por otra parte, que el cisma tuvo poco sustento en quince departamentos y concluye que en 1791 el número de sacerdotes fieles a Roma era de 52 a 55 por ciento; esta es una suficientemente pequeña mayoría, pero es la que M. de la Gorce considera auténtica.

El 5 de febrero de 1791, la Asamblea Constituyente prohibió a cada sacerdote no juramentado predicar en público. En marzo tuvieron lugar las elecciones para cubrir las sedes episcopales y parroquias vacantes. El desorden creció en la Iglesia de Francia; fueron candidatos sacerdotes jóvenes y ambiciosos, mejor conocidos por política que por su celo religioso, y en muchos lugares debido a la oposición de buenos católicos, los electos tuvieron mucha dificultad para tomar posesión de sus iglesias. En esta coyuntura, viendo a la Iglesia Constitucional establecida contra la Iglesia legítima, Pío VI escribió dos cartas, una a los obispos y una a Luis XVI, para preguntarle si restaba al medio para prevenir el cisma; y finalmente, el 13 de abril de 1791, emitió una condena solemne de la Constitución Civil en una solemne carta al clero y al pueblo.

El 2 de mayo de 1791, la anexión del Comtat Venaissin y de la ciudad de Avignon por parte de las tropas francesas marcó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Francia y la Santa Sede. Desde mayo de 1791 no hubo más un embajador de Francia en Roma ni un nuncio en París. La Carta de Pío VI instaba a la resistencia de los católicos. Las Misas celebradas por los sacerdotes no juramentados atraían multitudes de fieles. La muchedumbre se juntaba para golpear e insultar a monjas y otras mujeres piadosas. El 7 de mayo de 1791, la Asamblea decidió que los sacerdotes no juramentados como prêtres habitués podían continuar diciendo Misa en las iglesias parroquiales o conducir sus servicios en otras iglesias con la condición de que respetarían las leyes y no provocarían revueltas contra la Constitución Civil. Los curas Constitucionales se hicieron más y más impopulares entre los buenos Católicos; los trabajos de Sciout se dirigen a mostrar que los "directorios departamentales" tenían que utilizar su tiempo organizando expediciones policiales regulares para proteger a los sacerdotes Constitucionales de la oposición de los buenos católicos, o persiguiendo a los sacerdotes no juramentados que heroicamente persistían en permanecer en sus puestos. Finalmente el 9 de junio de 1791, la Asamblea prohibió la publicación de Bulas o Decretos de la Corte de Roma, al menos hasta que hubieran sido sometidos al cuerpo legislativo y su publicación autorizada. Por tanto la Francia Revolucionaria no solamente rompió con Roma, sino que deseaba establecer una barrera entre Roma y los católicos de Francia.

La conciencia atormentada del rey fue la principal razón de su intento de fuga (20-21 de junio de 1791). Antes de escapar, había dirigido a la Asamblea una declaración de su insatisfacción con la constitución civil del clero, y una vez mas protestó contra la violencia moral que lo había obligado a aceptar tal documento. Detenido en Varennes, Luis XVI llevado de regreso el 25 de junio, y fue suspendido de sus funciones hasta se completase la Constitución, a la cual juró el 13 de septiembre de 17911. El 30 de septiembre de 1791, la Asamblea Constituyente se disolvió, para dar paso a la Asamblea Legislativa, en la cual ninguno de los miembros de la Asamblea Constituyente se podía sentar. La Asamblea Constituyente había aprobado 2500 leyes y reorganizado totalmente la administración de Francia. Su principal error desde un punto de vista social fue prohibir al pueblo trabajador unirse y formar asociaciones "para sus tal llamados intereses comunes". Mal conducidos por su espíritu individualista y su odio a ciertos abusos de las viejas corporaciones, los Constituyentes no entendieron que el mundo del trabajo debía organizarse. Fueron responsables de la anarquía económica que reinó durante el siglo diecinueve, y el presente movimiento sindical así como los esfuerzos de los social católicos en conformidad con la Encíclica "Rerum novarum" marca una profunda y decisiva reacción contra la obra de la Asamblea Constituyente.

La Asamblea Legislativa

Cuando se disolvió la Asamblea Constituyente (30 de septiembre de 1791), toda Francia estaba inflamada sobre la cuestión religiosa. Más de la mitad del pueblo Francés no quería a la nueva Iglesia, una creación facciosa de la ley; la vieja Iglesia estaba arruinada, demolida, perseguida y la amnistía general decretada por la Asamblea Constituyente antes de disolverse no podía hacer nada tendiente a la restauración de la paz en el país donde el desatinado trabajo de esa Asamblea había trastornado las conciencias de los individuos. Los partidos en la Asamblea Legislativa fueron pronto irreconciliables. Los Feuillants, en la Derecha, no veían resguardo de la salvación en la Constitución, los girondinos en la izquierda y los montañeses en la extrema izquierda, estaban preparados para la república. Había hombres que, como el poeta André Chénier, soñaban con una completa separación de Iglesia y estado. "Los sacerdotes - escribía en una carta al "Monitor" (22 de Octubre de 1791) - no dificultarán a los estados cuando ninguno esté vinculado a ellos, y ellos siempre los trabarán cuando cualquiera esté vinculado con ellos como en el presente." Pero la mayoría de los miembros de la Asamblea Legislativa tenían asiento en las asambleas departamentales o distritales; ellos habían peleado contra los sacerdotes no juramentados y llevaron violentas pasiones y un espíritu hostil a la Asamblea Legislativa. Un informe de Gensonné y Gallois a la Asamblea Legislativa (9 de octubre de 1791) sobre la condición de las provincias del oeste denunció a los sacerdotes no juramentados por excitar al pueblo a la rebelión y pidieron medidas contra ellos. Los acusaron de complicidad con los obispos emigrados. En Avignon, habiendo sido asesinado el revolucionario Lécuyer en una iglesia, algunos ciudadanos reputados de ser partidarios del Papa, fueron llevados a un antiguo palacio papal y estrangulados (16-17 de octubre de 1791). Calvados fue también la escena de serios disturbios.

La Asamblea Legislativa, en lugar de reparar los errores de la Asamblea Constituyente, continuó con la cuestión de los curas no juramentados. El 29 de noviembre, a propuesta de François de Neufchâteau, decidió que si dentro de ocho días no prestaban el juramento civil, serían privados de todo salario, que serían puestos bajo la vigilancia de las autoridades, que si generaban problemas en los alrededores de donde ellos residían serían enviados afuera, que serían encarcelados por un año si persistían en la posición y por dos años si eran convictos de provocar desobediencia al rey. Finalmente prohibió a los sacerdotes no juramentados el ejercicio legal del culto. También requirieron de los directorios departamentales listas de los juramentados y de los no juramentados, que ello podría, como decir, "pisotear la rebelión que se encubría bajo una pretendida disidencia en el ejercicio de la religión católica". Por lo tanto su decreto finalizaba en una amenaza. Pero este decreto tenía el objetivo de agudizar el conflicto entre Luis XVI y la Asamblea. El 9 de diciembre de 1791, el rey hizo conocer su veto oficialmente. Los partidos se comenzaron a formar. Por un lado estaba el rey y los católicos fieles a Roma, del otro la Asamblea y los sacerdotes que habían jurado. El poder legislativo estaba de un lado, el ejecutivo de otro. En marzo de 1792, la Asamblea acusó a los ministros de Luis XVI; el rey los reemplazó por un ministerio Girondino encabezado por Dumouriez, con Roland, Servan, y Clavière entre sus miembros. Ellos tenían una doble política: al exterior, guerra con Austria, en el interior, medidas contra los sacerdotes no juramentados. Luis XVI, rodeado de peligros, fue también acusado de dualidad; sus negociaciones secretas con las cortes extranjeras hicieron posible que sus enemigos dijeran que él ya había conspirado contra Francia.

Una carta papal del 19 de marzo de 1792, renovó la condena de la Constitución Civil e impuso excomunión mayor a todos aquellos sacerdotes juramentados que no se retractaran dentro de los sesenta días, y a todos los católicos que permanecieran fieles a estos sacerdotes. La Asamblea respondió con el decreto del 27 de mayo de 1792, declarando que todos los sacerdotes no juramentados podían ser deportados por el directorio de sus departamentos a pedido de veinte ciudadanos, y si ellos volvieran después de la expulsión se expondrían a diez años de prisión. Luis vetó este decreto. Por tanto se arribó a una disputa no solamente entre Luis XVI y la Asamblea, sino también entre el rey y sus ministros. El 3 de junio de 1792, la Asamblea decretó la formación de un campamento cerca de París, con 20.600 voluntarios para hacer guardia al rey. En el consejo ministerial Roland leyó una carta insultante para Luis, en la cual le demandaba sancionar los decretos de noviembre y mayo contra los sacerdotes no juramentados. Él fue despedido, con lo cual el pueblo de París llegó e invadió las Tullerías (20 de junio de 1792), y por varias horas el rey y si familia fueron objeto de todo tipo de ultrajes. Después del manifiesto público del Duque de Brunswick en el nombre de los poderes coaligados contra Francia (25 de julio de 1792) y de la declaración de la Asamblea de "Tierra Patria en peligro" se produjeron peticiones para la deposición del rey, quien fue acusado de estar en comunicación con los dirigentes extranjeros. El 10 de agosto, Santerre, Westermann, y Fournier l'Américain, a la cabeza de la guardia nacional, atacaron las Tullerías defendidas por 800 suizos. Luis se rehusó a defenderse, y con su familia buscó refugio en la Asamblea Legislativa. La Asamblea aprobó un decreto que suspendía los poderes del rey, preparó un borrador del plan de educación para el delfín, y convocó a la convención nacional. Luis XVI fue encarcelado en el Temple por orden de la insurrecta Comuna de París.

La locura se esparció a través de Francia causada por el peligro que amenazaba desde afuera; se multiplicaron los arrestos de sacerdotes no juramentados. En un esfuerzo por hacerlos rendirse, la Asamblea decidió (15 de agosto) que el juramento debía consistir solamente en la promesa de sostener con toda su fuerza la libertad, igualdad, y ejecución de la ley, o morir en su puesto. Pero los sacerdotes no juramentados se mantuvieron firmes y rehusaron aún este segundo juramente. El 26 de agosto la Asamblea decretó que dentro de los quince días debían ser expulsados del reino, que aquellos que permanecieran o regresaran a Francia debían ser deportados a la Guayana, o serían pasibles de diez años de prisión. Entonces extendieron esta amenaza a los sacerdotes que, no teniendo funciones sacerdotales públicamente reconocidas, hubieran sido dispensados hasta ese entonces del juramento, declarando que ellos también podían ser expulsados si fueran convictos de haber provocado disturbios. Esta fue la señal para una verdadera guerra civil. Los campesinos se armaron en La Vendée, Deux Sèvres, Loire Inférieure, Maine y Loire, Ile y Vilaine. Estas noticias y las de la invasión de Champagne por el ejército Prusiano causaron ocultas influencias, levantando al pueblo de París y de allí las masacres de septiembre. En las prisiones de La Force, el Conciergerie, y el Abbaye Saint Germain, por lo menos 1500 mujeres, sacerdotes y soldados cayeron bajo el hacha o el garrote. El celebrado tribuno, Danton, no puede ser totalmente exculpado de complicidad en estas masacres. La Asamblea Legislativa finalizó esta carrera con dos medidas contra la Iglesia: privó a los sacerdotes del derecho de registrar nacimientos etc., y autorizó el divorcio. Laicizar el estado civil no estaba en la mente de los constituyentes, pero fue el resultado del bloqueo de la Constitución Civil del Clero. La Asamblea Legislativa fue inducida a promulgarla porque los católicos fieles a Roma no hubieran recurrido a los sacerdotes constitucionales para el registro de nacimientos, bautismos y defunciones.

La Convención; la República; El Reino del Terror

La apertura de la Convención Nacional (21 de septiembre de 1792) se produjo el día después de la victoria de Damouriez sobre las tropas Prusianas en Valmy . El obispo constitucionalista, Grégoire, proclamó la república en la primera sesión, fue rodeado en la asamblea por quince obispos constitucionalistas y veintiocho sacerdotes constitucionalistas. Pero llegó el momento en que los clérigos constitucionalistas estuvieron también bajo sospecha ya que la mayoría de la Convención era hostil al cristianismo mismo. Tan pronto como el 16 de noviembre de l792, Cambón demandó que los salarios de los sacerdotes debían ser suprimidos y de allí en adelante ninguna religión debía ser subsidiada por el estado, pero la moción fue rechazada por el momento. De allí en más la Convención promulgó todo tipo de medidas políticas arbitrarias: emprendió el juicio a Luis XVI y el 2 de enero de 1793 "tiró la cabeza del rey a Europa". Pero desde el punto de vista religioso fue más tímida; temía molestar al pueblo de Saboya y Bélgica, cuyas armadas se estaban aliando a Francia. Del 10 al 15 de marzo de 1793 irrumpieron insurrecciones en La Vendée, Anjou, y en una parte de Britania. Al mismo tiempo Dumouriez, habiendo sido derrotado en Neerwinden, buscó volver su ejército contra la Convención, y él mismo trató de atacar a los austriacos. La Convención se asustó, instituyó un Tribunal Revolucionario el 9 de marzo y el 6 de abril el Comité de Seguridad Publica; fueron establecidos pues dos formidables poderes.

Se tomaron medidas crecientemente severas principalmente contra los clérigos no juramentados. El 18 de febrero de 1793, la Convención votó un premio de cien libras para cualquiera que denunciara a un sacerdote pasible de deportación o que permaneciera en Francia a pesar de la ley. El 1 de marzo los émigrés fueron sentenciados a destierro perpetuo y sus propiedades confiscadas. El 18 de marzo fue decretado que cualquier émigrés o sacerdote deportado arrestado en suelo francés debía ser ejecutado dentro de las 24 horas. El 23 de abril fue promulgado que todos los eclesiásticos, sacerdotes o mojes, que no hubieran prestado el juramento prescripto por el decreto del 15 de agosto de 1792, debía ser transportados a Guayana; aún los sacerdotes que hubieran prestado el juramento serían tratados igual si seis ciudadanos los denunciaran por fallas en su ciudadanía. Pero a pesar de todas estas medidas los sacerdotes no juramentados permanecieron fieles a Roma. El Papa había mantenido en Francia un internuncio oficial, el Abbé de Salamon, quien permaneció oculto y cumplió sus deberes con peligro de su vida, dio información concerniente a los eventos y trasmitió órdenes. Los procónsules de la Convención Fréron y Barras en Marseilles y Toulon, Tallien en Bordeaux, Carrier en Nantes, perpetraron masacres abominables. En París, el Tribunal Revolucionario, siguiendo las propuestas del acusador público, Doquier-Tinville, inauguró el Reino del Terror. La proscripción de los girondinos por los montañeses (2 de junio de 1793), marcó un progreso en la demagogia. El asesinato del sediento de sangre y demagogo Marat, por Charlotte Corday (13 de julio de 1793) dio lugar a extravagantes manifestaciones en honor a Marat. Pero las provincias no siguieron esta política. Siguieron noticias de insurrecciones en Caen, Marsella, Lyon, y Toulon: y al mismo tiempo los dspañoles estaban en Roussillon, los Piamonteses en Saboya, los austríacos en Valenciennes y los vendeanos derrotaron a Kleber en Torfou (septiembre de 1793). La enloquecida Convención decretó la leva en masa; la heroica resistencia de Valenciennes y Mainz le dio tiempo a Carnot para organizar nuevos ejércitos. Al mismo tiempo la Convención aprobó la Ley de los Sospechosos (17 de septiembre de 1793), que autorizaba la prisión de casi cualquiera y como consecuencia de la cual fueron apresados 30.000. La reina María Antonieta fue decapitada el 16 de octubre de 1793. Catorce Carmelitas que fueron ejecutadas el 17 de julio de 1794 fueron declaradas Venerables por León XIII en 1902.

Desde un punto de vista religioso, una nueva característica se presentó en este período: el clero constitucional, acusado de simpatía hacia los Girondinos, se hizo casi tan sospechoso como los sacerdotes no juramentados. Aparecieron numerosos conflictos entre los sacerdotes constitucionales y las autoridades civiles con relación al decreto de la Convención que no permitía a los sacerdotes preguntarle a quienes intentaban casarse si eran bautizados, si se habían confesado o si eran divorciados. Los obispos constitucionales no se someterían a la Convención cuando les requirieran dar la bendición nupcial a sacerdotes apóstatas. La mayoría de los obispos constitucionales permanecieron hostiles al casamiento de los sacerdotes, a pesar del ejemplo del obispo constitucional Thomas Lindet, un miembro de la Convención, que ganó el aplauso de la Convención anunciando su matrimonio como del escándalo generado por Gobel, Obispo de París, al designar a un sacerdote casado en un puesto de París.. El conflicto entre ellos y la Convención se hizo notorio cuando, el 19 de julio de 1793, un decreto de la Convención decidió que los obispos que directa o indirectamente pusieran cualquier obstáculo al casamiento de sacerdotes deberían ser deportados y reemplazados. En octubre la Convención declaró que los sacerdotes constitucionales mismos debían ser deportados si eran encontrados disminuidos en su actitud ciudadana. Las medidas tomadas por la Convención para sustituir el viejo calendario cristiano por el calendario revolucionario, y los decretos ordenando a las municipalidades a apoderarse y fundir las campanas y los tesoros de las iglesias, probaron que prevalecían ciertas corrientes tendientes a la descristianización de Francia. Por una parte, el descanso de dècadi, cada décimo día, reemplazó el descanso del domingo, por otra, la Convención comisionó a Leonard Bourdon (19 de septiembre de 1793) a compilar una colección de las acciones heroicas de los Republicanos para reemplazar las vidas de los santos en las escuelas. Los "representantes misioneros", enviados a las provincias, cerraron iglesias, persiguieron a ciudadanos sospechosos de prácticas religiosas, intentaron obligar a los sacerdotes a casarse, y amenazaron con la deportación por falta de ciudadanía a los sacerdotes que rehusaron a abandonar sus puestos. Comenzó la persecución de todas las ideas religiosas. A pedido de la comuna de París, Gobel, Obispo de París, y trece de sus vicarios renunciaron en la barra de la Convención (7 de noviembre) y su ejemplo fue seguido por varios obispos constitucionales. Los montañeses, que consideraban el culto necesario, reemplazaron la Misa católica dominical por la misa civil de décadi. Al fracasar en reformar o nacionalizar el catolicismo intentaron formar una especie de culto civil, el desarrollo de un culto a la tierra patria, que había sido inaugurada en la fiesta de la Federación. La Iglesia de Notre Dame de Paris se transformó en templo de la Razón, y la fiesta de la Razón se celebró el 10 de noviembre. Las diosas de la razón y la libertad no eran siempre las hijas del pueblo bajo; frecuentemente provenían de las clases medias. Investigaciones recientes han arrojado nueva luz sobre la historia de estos cultos. M. Aulard fue el primero en reconocer que la idea de honrar la tierra patria, que tuvo su origen en el festival de la federación en 1790 dio paso a sucesivos cultos. Profundizando, M. Mathiez desarrolló la teoría que los Convencionales, enfrentados al bloqueo de la constitución civil, y testigos del poder de las sucesivas fiestas de la federación sobre la mente de las masas, quisieron realmente crear un culte de la patrie, la sanción de una fe en la tierra patria. El 23 de noviembre de 1793, Chaumette aprobó una ley enajenando todas las iglesias en la capital. Este ejemplo fue seguido en las provincias, donde fueron cerradas al culto católico, todas las iglesias de las ciudades y una cantidad de las ubicadas en el campo. La Convención ofreció una recompensa a los sacerdotes para que abjuraran, aprobando un decreto que aseguraba una pensión a los que lo hicieran, y el más doloroso día de aquel triste período fue el 20 de noviembre de 1793, cuando hombres, mujeres y niños vestidos con hábitos sacerdotales extraídos de la Iglesia de St. Germain des Prés marcharon a través del hall de la Convención. Laloi, quien presidió, los felicitó, diciendo que ellos habían, "aniquilado dieciocho siglos de error". A pesar del papel jugado por Chaumette y la Comuna de París en el trabajo de violenta descristianización, M. Mathiez ha probado que no es correcto asignar toda la responsabilidad a la Commune y a los Exagérés, como fueron llamados, y que un moderado, un indulgente, llamado Thuriot, el amigo de Danton, fue uno de los más violentos instigadores. Es por tanto claro porqué Robespierre, quien deseaba una reacción contra estos excesos, debía atacar a ambos Exagérés e Indulgentes

En verdad, el movimiento reaccionario fue pronto evidente. Ya desde el 21 de noviembre de 1793, Robespierre se quejó de los "locos que solamente podrían revivir el fanatismo". El 5 de ciciembre motivó a la Convención a adoptar el texto del manifiesto a las naciones de Europa en el cual los miembros declaraban que buscaban proteger la libertad de todos los credos; el 7 de diciembre, sostuvo la moción del comité de seguridad pública que reportaba el mal efecto de la intolerante violencia de los representantes misioneros en las provincias, y que prohibía en el futuro todas las amenazas o violencia contrarias a la libertad de culto. Estos decretos fueron la causa de la guerra entre Robespierre y entusiastas como Hérbert y Clootz. Al principio Robespierre mandó a sus enemigos al cadalso; Hérbert y Clootz fueron decapitados en marzo de 1794, Chaumette y el Obispo Gobel en abril. Pero en ese mismo mes de abril, Robespierre mandó al patíbulo a los moderados Desmoulins y Danton, quienes querían parar el terror y se convirtió en el amo de Francia, con sus segundos Couthon y Saint-Just. M.Aulard considera a Robespierre como hostil a la descristianización por motivos religiosos y políticos; explica que Robespierre compartía la admiración por Cristo sentida por el Vicario de Rousseau Savoyard y que temía el efecto maligno de la política anti- religiosa de la Convención sobre los poderes de Europa. M. Mathiez, en cambio, considera que Robespierre no condenaba en principio la descristianización; que él conocía la común hostilidad hacia el Comité de Seguridad Pública de Moderados como Thuriot y entusiastas como Hébert; y que basado en información de Basire y Chabot sospechaba de que ambos partidos promovían las fanáticas medidas de descristianización solamente para desacreditar a la Convención en el exterior y así complotar más fácilmente con los poderes hostiles a Francia. Las verdaderas intenciones de Robespierre son todavía un problema histórico. El 6 de abril de 1794, comisionó a Couthon a proponer en el nombre del Comité de Seguridad Pública que se instituyera una fiesta en honor al Ser Supremo, y el 7 de mayo Robespiere en persona destacó, en un largo discurso, el plan de la nueva religión. Explicó que desde el punto de vista religioso y Republicano, la idea de un Ser Supremo era ventajosa para el Estado, que la religión debía ser dispensada del sacerdocio, y que los sacerdotes eran a la religión lo que los charlatanes a la medicina, y que el verdadero sacerdote del Ser Supremo era la naturaleza. La Convención deseó hacer traducir este discurso en todos los idiomas y dictó un decreto del que el primer artículo era: "El pueblo francés reconoce la existencia del Ser Supremo y la inmortalidad del alma". El mismo decreto establece que se mantiene la libertad de culto pero agrega que en caso de disturbios causados por el ejercicio de la religión, aquellos que "exciten mediante prédicas fanáticas o con innovaciones contra revolucionarias" debían ser castigados acorde al rigor de la ley. Por lo tanto la condición de la Iglesia Católica permaneció igualmente precaria y el primer festival del Ser Supremo fue celebrado a través de toda Francia el 8 de junio de 1794 con un agresivo esplendor. Mientras que los Exagérés deseaban simplemente destruir el catolicismo, y en sus templos de la gazón se enseñaban más doctrinas políticas que morales. Robespierre deseaba que la religión cívica tuviera un código moral que él basaba en dos dogmas: el de Dios y el de la inmortalidad del alma. Él era de la opinión que la idea de Dios tenía un valor social, que la moralidad pública dependía de ella y que los católicos sostendrían más dispuestos la república bajo los auspicios del Ser Supremo.

Las victorias de los ejércitos republicanos, especialmente el de Fleurus (julio de 1794), reforzaron a los patriotas de la Convención; aquellos de Chalet, Mans y Savenay, marcaron la contención de la insurrección Vandeana. Lyons y Toulon fueron recapturados, Alsacia fue liberada, y la victoria de Fleurus (26 de junio de 1794) entregó Bélgica a Francia. Mientras el peligro externo estaba disminuyendo, Robespierre cometió el error de poner a votación en junio, la terrible ley de 22 Prairial, que acortaba aún más el procedimiento sumario del tribunal Revolucionario y permitía que la sentencia fuera aprobada casi sin juicio aún sobre los miembros de la Convención. La Convención sintió miedo y al día siguiente quitó esta última cláusula. Montañeses como Tallien, Billaud-Varenne, y Collot d'Herbosi, amenazados por Robespierre, se unieron con moderados como Boissy d'Anglas y Durand Maillane para producir el coup d'état of 9 thermidor (27 de julio de 1794). Robespierre y sus partidarios fueron ejecutados, y la reacción Thermidoriana comenzó. La Comuna de París fue suprimida, el club kacobino cerrado, el tribunal revolucionario disuelto después de haber enviado al cadalso al acusador público Fouquier-tinville y al Terrorista, Carrier, el autor del aplastamiento de Nantes (noyades). La muerte de Robespierre fue la señal para un cambio de política que probó ser ventajosa para la Iglesia; muchos sacerdotes prisioneros fueron liberados y muchos sacerdotes émigré retornaron. Ni una sola ley hostil al catolicismo fue derogada pero la aplicación de las mismas fue flexibilizada en gran medida. La política religiosa de la Convención se tornó indecisa y cambiante. El 21 de diciembre de 1794, un discurso del obispo constitucional, Grégoire, reclamando una efectiva libertad de culto, levantó violentos murmullos en la convención, pero fue aplaudida por el pueblo; y cuando en febrero de 1795, los generales y comisarios de la Convención en sus negociaciones con los vendeanos les prometieron la restauración de sus libertades religiosas, la Convención regresó a la idea sostenida por Grégoire, y por sugerencia del protestante, Boissy d'Anglas, aprobó la ley de 3 Ventôse (21 de febrero de 1795), que marcó el afrancesamiento de la Iglesia Católica. Esta ley estableció que la república no debía pagar salario a los sacerdotes de ninguna religión, y que ninguna iglesia debía ser reabierta, pero declaró que el ejercicio de la religión no debía ser molestado, y prescribió penalidades para los que lo hicieran. Inmediatamente los obispos constitucionales emitieron una encíclica para el establecimiento del culto católico, pero su reconocimiento fue debilitado. La confianza de los fieles fue en cambio dada a los sacerdotes no juramentados que estaban volviendo gradualmente. Estos sacerdotes fueron pronto tan numerosos que en abril de 1795, la Convención les ordenó partir dentro de un mes bajo pena de muerte. Este fue un nuevo brote de anti-catolicismo. Con la fluctuación que de allí en adelante la caracterizó, la Convención hizo pronto un contra movimiento. El 20 de mayo de 1795, el hall de la asamblea fue invadido por la multitud y el diputado Féraud asesinado. Estas violencias de los extremistas dieron alguna influencia a los moderados, y el 30 de mayo, por sugerencia del católico Lanjuinais, la Convención decretó que (Ley de 11 Prairial) las iglesias no confiscadas debían ser puestas a disposición de los ciudadanos para el ejercicio de su religión, pero que todo sacerdote que deseara oficiar en esas iglesias debía previamente prestar un juramento de sumisión a las leyes; aquellos que se rehusaran podían legalmente celebrar servicios en casas privadas. Este juramento de sumisión a las leyes era mucho menos serio que los juramentos anteriormente prescriptos por las autoridades Revolucionarios, y el Abbé Sicard ha mostrado cómo Emery, Superior General de St. Sulpice, Bausset, obispo de Alais y otros eclesiásticos estaban inclinados a una política de pacificación y a opinar que podía prestarse este juramento.

Mientras parecía estar favoreciendo una política más tolerante la Convención obtuvo éxitos diplomáticos, como recompensa de las victorias militares: los tratados de París con Toscana, los de la Haya con la República de Batavia (Holanda), de Basilea con España, dieron como fronteras a Francia los Alpes, el Rin y el Mosa. Pero la política de pacificación religiosa no estaba durando. Ciertos períodos de la historia de la Convención justifican la teoría de M. Champion de que ciertas medidas religiosas tomadas por los Revolucionarios fueron forzadas por las circunstancias. El control de los descendientes de los émigrés en las costas Bretonas por Hoche en Quiberon, originó nuevos ataques sobre los sacerdotes. El 6 de setiembre de 1795 (ley de 20 Fructidor), la Convención exigió el juramento de las leyes aún a los sacerdotes que oficiaban en casas privadas. La insurrección Realista del 13 Vendémiaire, aplastada por Bonaparte, provocó un muy severo decreto contra los sacerdotes deportados que fueran encontrado en territorio Francés; serían sentenciados a destierro perpetuo. Por lo tanto, al momento que se disolvió la Convención, las iglesias estaban separadas del Estado. En teoría el culto era libre; la ley del 29 de septiembre de 1795 (7 Vendémiaire), sobre política religiosa, aunque lejos de satisfacer al clero, fue sin embargo una mejora sobre las leyes del Terror, pero la anarquía y el espíritu de persecución todavía alteraban a todo el país. No obstante Francia le debe a la Convención una serie de creaciones perdurables: el Registro Contable de la Deuda Pública, la Escuela Politécnica, el Conservatorio de Artes y Oficios, el Departamento de Longitudes, el Instituto de Francia, y la adopción del sistema decimal de pesos y medidas. Los vastos proyectos diseñados con relación a la educación primaria, secundaria y superior casi no tuvieron resultados.

El Directorio

En virtud de la llamada "Constitución del año III", promulgada por la Convención el 23 de septiembre de 1795, un directorio de cinco miembros (27 de octubre de 1795) se convirtió en el ejecutivo, y los concejos de los quinientos y de los ancianos, en el poder legislativos. En ese momento los tesoros públicos estaban vacíos, lo cual fue una razón por la cual el pueblo comenzó gradualmente a sentir la necesidad de un fuerte poder restaurador. Los directores Carnot, Barras, Letourneur, Rewbell, La Reveillière-Lépeaux eran adversos al cristianismo, y en la separación de la Iglesia y el Estado vieron solamente el medio de aniquilar la Iglesia. Ellos deseaban que aún el episcopado constitucional, del que no podían negar la adhesión al nuevo régimen, debía ser extinguido gradualmente, y trataron de prevenir la elección de sucesores de los obispos constitucionales cuando estos murieran, y multiplicaron las medidas contra los sacerdotes no juramentados. El decreto del 16 de abril de 1796, que convirtió en pena de muerte a la correspondiente por provocar cualquier atentado para derrocar al gobierno Republicano fue una amenaza pendiente a perpetuidad sobre las cabezas de los sacerdotes no juramentados. Que lo que los directores realmente deseaban era poner obstáculos en el camino de todas las clases de religión, a pesar de las declaraciones teóricas afirmando la libertad de culto, queda probado por la ley del 11 de abril de 1796, que prohibía el uso de campanas y toda clase de convocatoria pública para el ejercicio de la religión, bajo pena de un año de prisión, y , en caso de una segunda ofensa, la pena era la deportación. Cuando el directorio averiguó que a pesar de la interferencia policial, algunos obispos no juramentados estaban oficiando públicamente en París, y que antes de finales de 1796 se habían abierto más de treinta iglesias y oratorios a los sacerdotes no juramentados en París, presentó ante los quinientos un plan el cual, después de veinte días, permitía la expulsión del suelo francés, sin la admisión del juramento prescripto por la Ley de Vendémiaire, de todos los sacerdotes que no hubieran prestado el Juramento Constitucional prescripto en 1790, o el Juramento de Libertad e Igualdad prescripto en 1792; aquellos que después de tal tiempo fueran encontrados en Francia serían ejecutados. Pero en medio de las discusiones que originó este proyecto, se descubrió la conspiración socialista de Babeuf, lo que mostró que el peligro estaba en la izquierda; y el 5 de agosto de 1796, el terrible proyecto que solamente había sido aprobado con mucha dificultad por los quinientos, fue rechazado por los ancianos.

El directorio comenzó a sentir que su política de persecución religiosa no era más seguida por los consejos. Conoció también que Bonaparte, quien llevaba a los ejércitos del directorio en Italia de victoria en victoria, demostraba consideración por el apa. Además, los mismos electores mostraban que deseaban un cambio de política. Las elecciones del 20 de mayo de 1797, causaron un cambio en la mayoría predominante en los Consejos desde la Izquierda hacia la Derecha. Pichegru se convirtió en presidente de los quinientos, un realista, Barthélemy, se convirtió en uno de los cinco directores. Las violentas discusiones que tuvieron lugar desde el 26 de junio al 18 de julio, en las cuales se distinguió Royer Collard, llevaron a votación la propuesta del diputado Dubruel para la abolición de todas las leyes contra los sacerdotes no juramentados aprobadas desde 1791. Los directores, alarmados por lo que consideraron un movimiento reaccionario, comisionaron al General Augereau a efectuar el coup d'état de 18 fructidor (4 de septiembre de 1797); fueron anuladas las elecciones de 49 departamentos, Dos directores, Carnot y Barthélemy, proscriptos, 53 diputados deportados, y restaurada la vigencia de las leyes contra los émigré y los sacerdotes no juramentados. Tuvo lugar una caza organizada de estos sacerdotes a través de toda Francia; el Directorio arrojó a cientos de ellos a la insana costa de Sinnamary, Guayana, donde murieron. Al mismo tiempo, el Directorio comisionó a Berthier para efectuar un ataque a los Estados Papales y al papa de lo que Bonaparte se había refrenado. La República Romana fue proclamada en 1798 y Pío VI fue llevado prisionero a Valence. Se renovó en Francia una especialmente odiosa persecución contra las ancestrales costumbres Cristianas; se la conoció como la persecución décadaire. Funcionarios y municipalidades fueron llamados a abrumar con vejaciones a los partidarios del domingo y a restaurar la obsevancia del décadi. El descanso de este día se convirtió en obligatorio no solamente para las administraciones y escuelas, sin también para el comercio y la industria. Los casamientos sólo podían celebrarse el décadi en la ciudad principal de cada cantón.

Otra aventura religiosa de este período fue la de los teofilantropistas, que deseaban crear una iglesia espiritualista sin dogmas, milagros, sacerdocio o sacramentos, una especie de vaga religiosidad, similar a las "sociedades éticas" de los Estados Unidos. Contrariamente a lo que ha sido aseverado por cien años, M. Mathiez ha probado que el teofilantropismo no fue fundado por el director La Réveillière-Lépeaux. Fue una iniciativa privada del antiguo Girondino, el librero Chemin Dupontés, quien dio nacimiento a este culto; colaboraron con él Valentine Hauy, instructor de ciegos y antiguo Terrorista, y el fisiócrata Dupont de Nemours. Durante los comienzos de su existencia, la nueva Iglesia fue perseguida por los agentes de Cochon, Ministro de Policía, quien era instrumento de Camot, y fue solamente al poco tiempo, después del coup d'état de 18 Fructidor , que los Teofilantropistas se beneficiaron por la protección de La Réveillière. Los Teofilantropistas sufrieron y fueron perseguidos en proporcion con los esfuerzos del Directorio por el culte décadaire; en París, fueron a veces tratados aún peor que los católicos, a los sacerdotes católicos se les permitía a veces ocupar los edificios conectados con ciertas iglesias mientras que a los teofilantropistas se los desalojaba. En una curiosa memoria escrita después del 18 fructidor titulada "Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Revolution et des principes qui doivent fonder la Républic en France", la famosa Madame de Stael, quien era Protestante, se declaró a si misma contra la teofilantropía; como muchos Protestantes, ella tenía la esperanza que el protestantismo se convirtiera en la religión de Estado de la República. A través de su torpeza y su odiosa política religiosa el directorio se expuso a serias dificultades. Perturbados por las innovaciones anti-religiosas, las provincias belgas se sublevaron; 6000 sacerdotes fueron proscriptos. Bretaña, Anjou y Maine se rebelaron nuevamente, ganando sobre Normandía. El prestigio de los ejércitos franceses en el exterior eran sostenidos por Bonaparte en Egipto, pero eran odiado en el continente y en 1799 fueron obligados a evacuar la mayor parte de Italia. El retorno de Bonaparte y el coup d'état del 18 brumaire (10 de noviembre de 1799) fueron necesarios para fortalecer la gloria de los ejércitos Franceses y para restaurar la paz al país y a las conciencias.

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Historia Religiosa. - SICARD, L'ancien clergé de France II,III (Paris, 1902-3) IDEM, L'éducation morale et civique avant et pendant la Révolution (Paris, 1884); PIERRE DE LA GORCE, Hist. religieuse de la Révolution française I (Paris, 1909); MATHIEZ, rome et le clergé française sous la Constituante (Paris, 1911); IDEM, La théophilanthropie et le culte décadaire (Paris, 1904); IDEM, Contribution à l'histoire religieuse de la Révolution Française (Paris, 1907); IDEM, La Révolution et l'Eglise (Paris, 1910); AULARD, La Révolution française et les congrégations (Paris, 1911); IDEM, Le culte de la raison et le culte de l'Etre suprème (Paris, 1907); IDEM, Le culte de la séparation de 'Eglise et de l'Etat en 1794 (Paris, 1903); PIERRE, La Déportation ecclésiastique sous le Directoire (Paris, 1906).

Fuente: Goyau, Georges. "French Revolution." The Catholic Encyclopedia. Vol. 13. New York: Robert Appleton Company, 1912. 13 Dec. 2008 <http://www.newadvent.org/cathen/13009a.htm>.

Traducido por Luis Alberto Alvarez Bianchi