Ver el código de «Acta de Establecimiento»

(Irlanda) 

En 1662, el Parlamento Irlandés promulgó una ley restableciendo los privilegios que le habían sido devueltos al regreso de Carlos II. Llevaba el título de “Ley que regula el mejor cumplimiento de la declaración de su graciosa majestad para la Sucesión de su Reino de Irlanda y para saldar los distintos intereses de los aventureros, soldados y otros súbditos residentes allí”. Para comprender las disposiciones de esta complicada Ley y de la Ley de su Explicación (1664), es necesario recordar que en tiempos de los “aventureros ingleses de Cromwell”, nombre con el que se los conocía, éstos habían adelantado dinero para la guerra, de modo que a los soldados que habían participado en ellas se les debía grandes sumas por pagas atrasadas. Para satisfacer estos requerimientos, extirpar la adhesión al Papado y establecer los intereses protestantes en Irlanda, casi todos los territorios de Munster, Leinster y Ulster fueron confiscados por la Acta de establecimiento de Cromwell. Se dispusieron las confiscaciones en diversos grados, de tal manera que ningún Católico, ni siquiera ningún Antiguo Protestante pudiera eludirlas. Se condenó a muerte y los bienes les fueron incautados a todos los que hubieran tomado parte en la rebelión antes del 10 de noviembre de 1642 o que hubieran ayudado a los rebeldes de cualquier modo antes de dicha fecha, y también a unas cien personas señaladas, incluyendo a Ormond, Obispo de Bramhall, y una gran parte de la aristocracia de Irlanda. Todos los demás terratenientes que en algún momento hubieran tomado las armas contra el Parlamento, ya fuera a favor de los rebeldes o bien del Rey, fueron desposeídos de sus tierras, aunque se les prometió entregarles otras en Connaught por un tercio de su valor. Durante toda la guerra, los católicos que jamás se habían levantado en armas contra el Parlamento pero que no hubieran manifestado “ser constantemente afectos” a él, serían privados de sus bienes, aunque recibirían otras por dos tercios de su valor en Connaught. Tal confiscación era prácticamente universal (Lecky, I, 106). 

Los Puritanos no hicieron ninguna distinción entre los rebeldes y los realistas, y por supuesto, no se consideraban comprendidos en los Artículos de Paz (17 de enero de 1649). Mediante éstos, Carlos I a través de Ormond se había comprometido a que, con excepción de los homicidas, a todos los católicos que se sometieran a los artículos “se les devolverían sus respectivas posesiones y heredades”. También se comprometió el Rey a que cualquier traición cometida desde el comienzo de la rebelión, sería perdonada por una “Ley de Olvido” (Artículos de Paz, 1649, § 4). Carlos II, en una carta desde Jersey, fechada el 2 de febrero de 1649-50, dirigida a Ormond, ratifica y confirma esta Paz (Carte, III, 524-590, ed. 1851). Muchos de los propietarios católicos que nunca se habían levantado en armas contra el rey, y el resto que sí lo había hecho, cuando el Parlamento Inglés anunció su intención de extirpar la religión católica de Irlanda, se sometieron, con pocas excepciones, a los Artículos de Paz, apoyando la causa del rey hasta el final. Todas estas personas tenían claros derechos a la restitución, pero los aventureros y soldados estaban en ese momento en posesión de las tierras, y se les permitió votar como propietarios en las elecciones, aunque no tenían categoría legal para ello porque sus títulos se fundamentaban en una ley del Parlamento de Londres del tiempo de Cromwell y en un artículo y un desahucio de los antiguos propietarios regidos por ella. 

Los Católicos que legalmente eran los verdaderos propietarios no tenían derecho a voto. Cuando se reunió el nuevo Parlamento los aventureros y soldados Puritanos tenían gran mayoría, mientras que los Católicos apenas estaban representados en la Cámara de los Comunes (1662). Previamente, en noviembre de 1660, el rey había expedido una Declaración, que se tomó como base para la Acta de Establecimiento. El Parlamento Irlandés, sujeto a la Ley de Poyning, no podía considerar un Proyecto de Ley que no hubiera sido previamente sancionado por el Consejo Privado de Inglaterra. El 7 de mayo de 1659 confirmó a los aventureros en todas las tierras poseídas por ellos, que les habían sido asignadas por la Acta de Establecimiento de Cromwell. Dispuso lo mismo respecto de los soldados, con algunas excepciones. Sin embargo, los Protestantes cuyos bienes habían sido otorgados a los aventureros o soldados, debían ser resarcidos inmediatamente, a no ser que hubieran estado en rebelión antes del cese de hostilidades (tregua) de 1643, o que se hubieran beneficiado de las ordenanzas disponiendo que recibieran tierras en Connaught o Clare. Los aventureros o soldados desplazados deberían ser resarcidos, es decir darles nuevas tierras. Los Católicos fueron divididos en “inocentes” y “nocentes”. Nadie sería considerado “inocente”. 

* Si, antes del cese de hostilidades del 15 de septiembre de 1643, hubiera pertenecido al partido de los rebeldes, o disfrutara de sus propiedades en las regiones de los rebeldes, excepto en Cork y Youghal, a donde los habitantes habían sido conducidos por la fuerza; o 

* Si habían ingresado en la Confederación Católica Romana antes de la Paz de 1648; o 

* Si en cualquier tiempo se hubieran adherido al partido del Nuncio; o 

* Si hubiera heredado sus bienes de alguien culpable de esos crímenes; o 

* Si hubiera tomado parte en cualquiera de las asambleas o consejos confederados, o actuado en alguna de las comisiones o poderes derivados de ellos. 

Si aquellos que hubieran basado sus reclamamos en ser “inocentes”, hubieran recibido tierras en Connaught, se les debería restituir sus bienes el 2 de mayo de 1661, pero si hubieran vendido las tierras, deberían indemnizar al comprador. A los aventureros y soldados desposeídos se les debería indemnizar inmediatamente . 

Si los Católicos “inocentes” que hubieran participado de la rebelión pero que se hubieran sometido y adherido constantemente a la Paz de 1648, hubieren tomado tierras en Connaught, estarían obligados por ese convenio y no se les devolverían sus bienes. Si hubieren servido a Su Majestad en el extranjero y no hubieren tomado tierras en Connaught o Clare, deberían ser indemnizados tras embargar a los aventureros y soldados. Si todo esto se cumpliere, “debería”, afirmó Ormond, “haber nuevos descubrimientos de una nueva Irlanda, ya que la antigua no podría satisfacer estos compromisos. Queda por determinar cuál de los partidos debería sufrir por la carencia de medios para pagar todo”. 

El resultado fue indudable. Los intereses Protestantes actuaron en forma resuelta y armada para defender sus posesiones amenazando, de ser necesario, con el uso de la fuerza. Los Católicos eran pobres, estaban en bancarrota y no contaban con amigos. “Todos los demás intereses en lucha en Irlanda estaban unidos por su implacable malevolencia hacia los Irlandeses, deseando que éstos no pudieran ganar nada con el retorno del Rey”. El Rey cedió a la presión ejercida por los Protestantes, aunque la mayor parte de ellos habían sido cómplices, antes o después, de la ejecución de su padre. Declaró que favorecería el establecimiento de intereses ingleses en Irlanda. Se abandonaron todas las tentativas para cumplir con los compromisos que él y su padre habían adquirido. Se nombró una comisión de treinta y seis personas, todas Protestantes, y de entre ellas se procedió a nombrar un tribunal de reivindicaciones para que entendieran en los casos y decidieran, sin la intervención de ningún jurado. Cuatro mil Católicos solicitaron la devolución de sus propiedades. Se hizo lugar a alrededor de seiscientos pedidos, de los cuales la gran mayoría de solicitantes probaron su “inocencia”. Del lado de los Puritanos y de los intereses Protestantes se levantaron unas voces indignadas. Se empezó a susurrar que se preparaba una insurrección. La ira y el pánico de los partidarios de Cromwell no tuvo límites. Se descubrió un complot formidable. Hubo un pequeño estallido (Lord E. Fitzmaurice, “Life of Petty”, pág. 131). En Inglaterra se aprobó un nuevo Proyecto de Acta de Establecimiento, también llamado de Explicación, que se introdujo y promulgó en Irlanda (1665). Disponía que los aventureros y soldados deberían renunciar a un tercio de las concesiones que les habían sido otorgadas según la Acta de Establecimiento de Cromwell, para que se destinaran a incrementar los fondos de indemnización. Los aventureros y soldados Protestantes que hubieran servido antes de 1649, y los compradores Protestantes en Connaught o Clare anteriores a 1663 de tierras aptas para la devolución, debían recibir, antes de que éstas fueran devueltas, un equivalente de dos tercios de otras tierras. Se confirmó en dos tercios la compra hecha por compradores Protestantes a personas trasplantadas a Connaught o Clare antes del 1 de septiembre de 1663. Cada cláusula de esta ley y de la precedente debería interpretarse de la forma más amplia para la protección y arraigo de los bienes y personas de los Protestantes, cuya protección y establecimiento eran el principal propósito de la Ley (§73). Se rechazaba la cláusula de la primera ley que otorgaba poderes al Rey para que restableciera a los Católicos inocentes en sus casas dentro de las Corporaciones (§ 221). La Iglesia Anglicana recuperaba sus propiedades, incluyendo los grandes ingresos por cobro de diezmos, y su jerarquía recuperó la posición anterior. Por fin (ésta es la disposición más importante e inicua de la Ley), se estableció que “ de acuerdo con las calificaciones de la Ley anterior, ninguna persona que no haya sido declarada inocente podrá ser en adelante considerada inocente, con el objeto de obtener tierras o viviendas”, etc. Esto excluía todo el conjunto de 4.000 solicitantes inocentes, además de otros 600 a los que ya se había excluido “sin juicio, de la herencia de sus progenitores, un hecho de la más grosera y cruel injusticia” (Lecky, I, 115). Después de estos hechos, los Protestantes pasaron a poseer, de acuerdo con lo afirmado por Petty, más de los dos tercios de las tierras buenas. Según el Arzobispo King, dos tercios de los terratenientes Protestantes en 1689 mantenían sus propiedades otorgadas por las Leyes de Sucesión y Explicación. 

 

Escrito por Arthur Ua Clerigh 

Traducción de Estela Sánchez Viamonte