Por este término generalmente se entiende la existencia de una institución eclesiástica que combatió y suprimió la herejía. Esta característica se ejerció enfáticamente en términos de la fe, a manera de suprema autoridad eclesiástica, no de carácter temporal o para casos individuales, sino de índole universal y de atributos permanentes. En los tiempos modernos se tiene dificultad en entender esta institución debido principalmente a que se ha perdido la perspectiva histórica de los hechos.

Por una parte se ha cesado de considerar a las creencias religiosas como algo objetivo, como un legado de Dios, y por tanto algo que está fuera de los juicios privados. Por otra parte, ya no se ve a la iglesia como una sociedad perfecta y soberana basada substancialmente en pura y auténtica revelación, cuya función primordial debe ser naturalmente retener la fuente de la fe. Antes de la revolución religiosa del siglo XVI las anteriores percepciones eran comunes para los cristianos. El hecho de que tal situación se debería de mantener a cualquier costo era algo autoevidente, como un axioma. Sin embargo debe considerarse que la supresión de la herejía por niveles de autoridad eclesial y laica, no era algo tan antiguo como la Iglesia misma. La Inquisición fue un tribunal eclesiástico específico de más reciente origen. Históricamente surge en la fase de crecimiento de la legislación eclesiástica cuyo carácter se puede comprender únicamente con la comprensión y el estudio cuidadosos de su desarrollo. De allí que este tema para que fuera convenientemente tratado se dividió de la manera siguiente:

1. La supresión de la herejía durante los primeros 12 siglos
2. La supresión de la herejía por la institución llamada Inquisición en las formas siguientes

1. La Inquisición en la Edad Media
2. La Inquisición en España
3. El Santo Oficio en Roma

I. LA SUPRESIÓN DE LA HEREJÍA DURANTE LOS PRIMEROS DOCE SIGLOS

(1) Los Apóstoles estaban convencidos de que debían ser depositarios de la fe y de que cualquier variación de las enseñanzas aún proclamada por un ángel del cielo sería culpable de ofensa. No obstante lo anterior, San Pablo, en el caso de los herejes Alejandro e Hymeneo, no actuó con base en la Antigua Alianza en términos de la pena de muerte (Deut., xiii, 6 y sig. y xvii, 1 y siguientes), sino que optó por la excomunión de la Iglesia, como pena suficiente (1 Tim. i, 20; Tit, iii, 10). Esto parece haber sido la norma en los cristianos de los primeros tres siglos cuando se trataba de errores en materia de fe. Tertuliano (Ad Scapulam, c ii) establece la ley de esta manera:

En otras palabras, él nos dice que la única ley autorizada que debe seguir el hombre es la voz de su consciencia individual en la práctica de la religión, debido a que la aceptación de la religión es un acto de libre albedrío y no de compulsión. Contestando a la acusación de Celsus basada en el Antiguo Testamento, en el sentido de perseguir a los disidentes cristianos con pena de muerte, quema y tortura, Origen (C. Cels, VII 26) se satisface en decir que uno debe distinguir entre la ley que los judíos recibieron de Moisés y la ley dada por Jesús. La primera seguida por los preceptos judíos y la segunda por los cristianos. Los judíos cristianos, si son sinceros, no pueden estar siempre conformes con la ley Mosaica, por lo tanto ellos no están ya más en libertad de matar a los enemigos o de quemar y lapidar o apedrear a los violadores de la Ley Cristiana.

San Cipriano de Cartago, rodeado como él estuvo por un sin número de escépticos y de cristianos no devotos, también dejó de lado las sanciones del Antiguo Testamento, las cuales buscaban penar con la muerte la rebelión contra los sacerdotes y los jueces. "Nunc autem, quia circumcision spiritalis esse apud fideles servos Dei coepit, spiritali gladio superbi et contumaces necantur, dum de Ecclesia ejiciuntur" (Ep. lxxii, ad Pompon n. 4). Siendo la religión ahora una cuestión espiritual, toma sus sanciones con el mismo carácter, y la excomunión reemplaza la muerte del cuerpo. Lactacio fue aún más audaz cuando escribió acerca de las persecuciones sangrientas de la Divine Institutes, en el año 308. Naturalmente su posición estuvo de conformidad con la más absoluta libertad de religión. Él escribe:

Los maestros cristianos de los primeros tres siglos insistieron en que era natural para ellos la característica de la completa libertad en la religión, más aún, ellos no presionaron por el asunto de que la religión debía ser impuesta en otros, un principio que siempre fue observado por la Iglesia con los no bautizados.

Sin embargo, cuando se comparó la ley Mosaica con el cristianismo, ellos enseñaron que la última mencionada debía estar acorde al castigo espiritual de los herejes (por ejemplo la excomunión), mientras que el judaísmo se manifestaba en tal sentido, con la tortura y la muerte.

(2) No obstante, los sucesores en el trono de Constantino, rápidamente comenzaron a considerarse a si mismos como Divinos Arzobispos del Exterior, maestros de las condiciones materiales y temporales de la Iglesia. Al mismo tiempo retuvieron la autoridad de Pontífices Máximos (Pontifex Maximus) y ante esto se inclinaba la autoridad civil, frecuentemente se relacionaban con los prelados de las tendencia Arianas, persiguiendo a los obispos ortodoxos con prisión y exilio.

En referencia a lo último y especialmente San Hilario de Poltiers (Liber contra Auxentium, c. iv) protestó vigorosamente contra el uso de cualquier fuerza ya sea que la misma fuera utilizada para expandir o para preservar la fe. En repetidas ocasiones se pronunció para que los duros planteamientos del Antiguo Testamento, fueran reemplazados por las leyes de Cristo. Sin embargo, los sucesores de Constantino dieron evidencias de estar convencidos de que un asunto muy importante de estado era la reafirmación de la religión a nivel de autoridad imperial (Theodosious II, "Novellae", tit. III, A.D. 438). Debido a ello y con regularidad, promulgaron varios edictos contra la herejía. Durante el período de 57 años, sesenta y ocho decretos fueron establecidos. Todas las formas de herejía fueron aceptadas y de muy diversas maneras, ya hubiera sido por exilio, confiscación de propiedad, o muerte.

Una ley del año 407, por primera vez establece que los herejes deben ser considerados, en términos de su ofensa, como traidores, y puestos en el mismo plano de quienes transgredían contra la sagrada majestad del emperador, un concepto que tomó mucha importancia en los últimos tiempos. La pena de muerte sin embargo, fue impuesta sólo en casos muy específicos de herejía. En la persecución contra los herejes, los emperadores romanos se quedaron cortos de los alcances que tuvo la severidad de Dioclecio, quien en el año 287 sentenció a morir por empalamiento a los líderes del movimiento maniqueo, y a parte de sus seguidores se les mató por decapitación. A algunos otros maniqueos se les obligó a trabajar en las minas del gobierno.

Hasta ahora hemos hablado de la ley de cristianización del estado. En la actitud de los representativos de la Iglesia ante la legislación, algunas características son evidentes. Al final del siglo IV, las principales formas de herejía estaban dadas por los movimientos de los maniqueos, los donatistas y los priscilianistas. Habiendo sido expulsados de Roma y de Milán, el maniqueísmo buscó refugio en Africa. Aunque ellos fueron encontrados culpables de falsas enseñanzas y de mal enseñar la fe, San Agustín ("De haeresibus") explícitamente rechazó el uso de la fuerza. El buscó que el arrepentimiento viniera en actos de obediencia tanto privada como pública, habiendo alcanzado sus esfuerzos, cierto grado de éxito. Podemos ver por medio de este obispo, que fueron los donatistas los primeros en acudir al poder civil para buscar protección. No obstante ellos llegaron a estar como los leones de Daniel, ya que las fieras se voltearon contra ellos. El estado no satisfizo sus demandas y en cambio respondieron con violencia. Esto provocó que los Donatistas amargamente se quejaran de crueldad. En este sentido, San Optuto de Mileve defendió la autoridad civil (De Schismate Dontistarum, III, cc. 6-7) de la forma siguiente:

Esta fue la primera vez que un Obispo católico se colocaba en unidad de cooperación con el estado en asuntos religiosos y proclamaba el derecho de establecer la pena de muerte contra los herejes. Por primera vez, asimismo, el Antiguo Testamento fue invocado aún cuando estas apelaciones habían sido previamente rechazadas por maestros cristianos.

San Agustín, por el contrario, aún se oponía al uso de la fuerza, y trató de establecer nuevamente los métodos de convencimiento por la instrucción. Lo más que aceptó fue la imposición de ciertos castigos contra ciertas personas. Finalmente, sin embargo, él cambió de opinión, ya sea por los excesos increíbles de los Circumceliones o por los resultados que se alcanzaban por medio del uso de la fuerza, o bien favoreciendo las persuasiones de los Obispos. En referencia a esto último que aparentemente se evidencia como inconsistente, es necesario determinar claramente a quienes se estaba dirigiendo. El aparece hablándoles a los oficiales de gobierno quienes deseaban la aplicación plena de las leyes. Además, él se está dirigiendo a los donatistas, quienes negaban al estado cualquier derecho que éste tuviera para castigar a los disidentes. En su correspondencia con los oficiales del estado, él se inclinaba por la caridad cristiana y la tolerancia, en tanto caracteriza a los herejes como ovejas perdidas, quienes deben ser buscadas. Para los herejes el insiste en que deben ser persuadidos y si son reincidentes quizá hasta amenazados, pero no hacerlos volver con base en el uso de la espada. Por otra parte, en sus escritos dirigidos a los donatistas, el hace ver el derecho del estado, algunas veces él subraya, la severidad puede ser aconsejable a fin de proteger a los verdaderos creyentes y a la comunidad en un más amplio sentido (Vacandard, 1. c., pp. 17-26).

En cuanto a priscilianismo, algunos asuntos siguen en la obscuridad, a pesar de recientes investigaciones. Sin embargo, parece cierto que Prisciliano, el Obispo de Avila en España fue acusado de herejía y brujería y se encontró culpable por algunos concilios eclesiásticos. Parece que San Ambrosio de Milano y San Damasco de Roma le negaron una audiencia. Por mucho tiempo abogaba ante el Emperador Máximo de Trier, pero a pesar de ello, le condenaron a la muerte. El mismo Prisciliano, sin duda estaba consciente de su inocencia, anteriormente apoyaba a la represión de los maniqueos por la espada. Pero los maestros principales del cristianismo no compartían a estos sentimientos, y su propia ejecución dio ocasión para una protesta solemne contra el tratamiento cruel que le fue dado a él por el gobierno imperial. San Martín de Tours, en aquel tiempo en Trier, consiguió obtener de la autoridad eclesiástica el abandono de la acusación e indujo al emperador que prometiera que de ninguna manera se derramaría la sangre de Priscialiano, puesto que la deposición eclesiástica de los Obispos era bastante castigo y la matanza sería en oposición a la Ley Divina (Sulp. Serverus "Chron.", II, en P.L., XX 155 sqq.; y ibid., "Dialogi", III, col. 217). Después de la ejecución se culpó duramente a los acusadores y al emperador, y por mucho tiempo hubo negación para estar en comunión con tales Obispos, los cuales tenían alguna responsabilidad por la muerte de Prisciliano. El gran Obispo de Milán, San Ambrosio, llamó la ejecución algo criminal.

Sin embargo el priscilianismo no desapareció con la muerte de su fundador; al contrario, se difundía muy rápidamente, y a través de la adopción abierta del maniqueísmo y se convirtió más que nunca en una amenaza pública. De esta manera las sentencias de San Agustín y de San Jerón contra el priscilianismo se convirtieron en incomprensibles. En el año 447 León el Grande tuvo que reprobar a los priscilianistas con el relajamiento de los enlaces santos del matrimonio, poniendo toda la decencia bajo pié, y burlándose de toda la ley, la ley humana y la ley Divina. Le parecía a él algo natural que los líderes temporales debían castigar tal locura sacrílega, y que debían condenar a la muerte al fundador de la secta y a algunos de sus discípulos. Se indicaba respecto a la Iglesia que: "quae etsi sacerdotali contenta iudicio, cruentas refugit ultiones, severis tamen christianorum principum constitutionibus adiuratur, dum ad spiritale recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium" - aún la Iglesia estaba contenta con la sentencia espiritual por parte de los Obispos y era contraria al derramamiento de sangre, no obstante fue ayudado por la severidad imperial, ya que el miedo del castigo corporal conducía a los culpables a buscar remedio espiritual (Ep. XXV ad Turribium; P.L., LIV, 679 sq.).

San Agustín (Ep.c, N. 1) en el nombre de la Iglesia occidental, dice: "Corrigi eos volumus, non necari, nec disciplinam circa eos negligi volumus, nec suppliciis quibus digni sunt exerceri" - queremos que sean corregidos, no castigados con la muerte; deseamos el triunfo de la disciplina (eclesiástica), no el castigo de la muerte que merecen. San Juan Crisóstomo substancialmente dice lo mismo en nombre de la Iglesia oriental (Hom., XLVI, c.i): "consignar un herético a la muerte es confiar una ofensa más allá de la reparación"; y en el capítulo siguiente él dice que Dios prohibe su ejecución, incluso mientras que él nos prohíbe desarraigar el berbecho, pero Él no nos prohíbe rechazarlos, privarlos de discurso libre, o prohibir sus asambleas. La ayuda del brazo secular no fue rechazada enteramente; al contrario, tan a menudo como el bienestar cristiano, general o doméstico, lo había requerido, los gobernantes cristianos intentaron prevenir el mal por medidas apropiadas. Tan tarde como fue hasta el siglo VII, San Isidro de Sevilla expresa sentimientos similares (Sententiarum, III, iv, nn.4-6).

No se debe confiar en la imparcialidad presumida del Henry Charles Lea, el historiador americano de la Inquisición. Se puede aquí ilustrar esta situación con un ejemplo. En su "Historia de la Inquisición en el Medievo", (New York, 1888, I, 215) él cierra este período con estas palabras:

En estas líneas Lee ha transferido las palabras empleadas por el Emperador al Papa. Por otra parte, es simplemente contrario a la verdad histórica afirmar que los edictos imperiales castigando la herejía con la muerte son debidos a la influencia eclesiástica, puesto que nosotros ya hemos mostrado que en este período las autoridades eclesiásticas más influyentes declararon que la pena de la muerte es contrario al espíritu del Evangelio, y ellos mismos se oponían a su ejecución. Por siglos esta era la actitud eclesiástica en teoría y en práctica. Así, en armonía con la ley civil, algunos maniqueos fueron ejecutados en Ravena en el año 556. Por otra parte, Elipando de Toledo y Felix de Urgel, los jefes del adopcionismo del anti-predestionismo, fueron condenados por los consejos, pero luego dejados en libertad. Podemos observar, sin embargo, que el monje Gothescalch, después de la condenación de su doctrina falsa que Cristo no había muerto por toda la humanidad, fue por los Sínodos de Mainz en el año 848 y Quiercy en el año 849 condenado al azote y al encarcelamiento, castigos comunes en aquel tiempo en los monasterios para varias infracciones a las normas.

(3) Alrededor del año 1000, los maniqueos de Bulgaria, bajo varios nombres, se extendían por la Europa occidental. Eran numerosos en Italia, en España, en Gaul y en Alemania. El sentimiento popular cristiano pronto se mostró adverso a estas sectas peligrosas. El resultado fueron persecuciones locales ocasionales, naturalmente en formas que expresaron el espíritu de la época. En el año 1122 el rey Roberto el Piadoso (regis iussu ed universae plebis consensu), "porque él temió por la seguridad del reino y la salvación de almas" quemó vivos a trece ciudadanos distinguidos, eclesiásticos y personas laicas, en Orleans. En otras partes, actos similares eran debidos a los arrebatos del pueblo. Algunos años más tarde el obispo de Chalons observó que la secta se difundía en su diócesis, y pidió de Wazo, el Obispo de Liège, su consejo en cuanto al uso de la fuerza: "An terrenae potestatis gladio in eos sit animadvertendum necne" (Vita Wasonis", cc. xxv, xxvi, in P.L., CXLII, 752; "Wazo ad Roger, II, episc. Catalaunens", and "Anselmi Gesta episc. Leod." in "Mon. Germ, Ss.", Vii, 227 sq.). Wazo contestó que el uso de fuerza era contrario al espíritu de la Iglesia y contrario de las palabras de su Fundador, quién estableció que los vicios se deben permitir crecer con el trigo hasta el día de la cosecha, a fin de que el trigo se desarraigue con los vicios; las que eran hoy vicios se podrían convertir mañana en trigo. Recomendó por tanto que les deje, que la excomunicación absoluta sería suficiente. San Crisóstomo, como hemos visto, había enseñado una doctrina similar. Pero no se podía seguir siempre este principio. Así en Goslar, en la estación de la Navidad del año 1051, y en el año 1052, varios herejes fueron colgados porque el Emperador Enrique III deseó prevenir la difusión adicional "de la lepra herética". Algunos años más tarde, en el año 1076 o el 1077, un cátaro fue condenado a ser quemado por el Obispo de Cambrai. A los otros cátaros, a pesar de la intervención del arzobispo, les dieron los magistrados de Milano la opción entre hacer homenaje a la cruz o ser quemados en la pira. La mayor parte de los herejes eligieron el último. En el 1114 el Obispo de Soissons encarceló a varios herejes en su ciudad episcopal. Pero mientras que él fue a Beauvais para pedir el consejo de los obispos que allí sostenían una asamblea, la "gente de creencia, temiendo que los eclesiáticos les favorecieran a los herejes como de costumbre, asaltaron la prisión, tomaron los acusados fuera de la ciudad, y los quemaron".

La gente tuvo aversión a lo que percibían era la tardanza en extremo en cuanto a la actuación del clero respecto a la persecución de los herejes (clericalem verens mollitiem). En el año 1144 Adalerbo II de Liège esperaba tener algunos cátaros encarcelados para mejorar el conocimiento por la gracia de Dios, pero la gente, menos indulgente, invadieron las celdas y tomaron a los herejes, y solamente con el apuro más grande el obispo tuvo éxito en el rescate de algunos de ellos de la muerte por el fuego. Casi el mismo drama ocurrió al mismo tiempo en Colonia. Mientras que el arzobispo y los sacerdotes serios intentaron conducir a los equivocados nuevamente dentro de la iglesia, estos últimos fueron tomados violentamente por la multitud (a populis nimio zelo abreptis) de la custodia del clero y quemados en la pira. Los herejes más conocidos de ese tiempo, Peter de Bruys y Arnoldo de Brescia, encontraron un fin similar -el primero en la pira como víctima de la furia popular, y el último bajo el hacha del verdugo, siendo víctima de sus enemigos políticos. En otras palabras, la iglesia no fue culpable por su comportamiento hacia la herejía en esos días incultos. Entre todos los obispos de la época, en cuanto se puede comprobar, Teodoro de Liège, el sucesor del antedicho Wazo y fiscal de Aldalberto II, él sólo abrogó al poder civil para el castigo de herejes, y él mismo no pidió por castigo, la muerte, una idea que fue rechazado por todos. ¿Quiénes tuvieron el respeto más alto en el duodécimo siglo que Pedro Canter, el hombre más docto de su tiempo, y San Bernardo Clairvaux? El anterior dice ("Verbum abbreviatum", c. lxxviii, in P.L., CCV, 231):

Lejos de estar de acuerdo con los preceptos de muerte era San Bernardo con las ideas sobre los métodos de la gente de Colonia, de manera que él colocó el axioma: Fides suadenda, non imponenda (Se ganarán a los hombres a la Fe por la persuasión, no por la violencia). Y si él censura el descuido de los príncipes, a los cuales debían dar la culpa porque los pequeños zorros devastaron el viñedo, ya agrega que los últimos se deben capturar no por la fuerza sino con argumentos (capiantur non armis, sed argumentis); a los obstinados debíaseles excomulgar, y en caso de necesidad mantenidos en confinamiento para la seguridad de otros (aut corrigendi sunt ne pereant, aut, ne perimant, coercendi). (Véase Vacandard, 1. c., 53 sqq.) Los sínodos del período emplean substancialmente los mismos términos, por ejemplo, el Sínodo de Reims en el año 1049 bajo Leo IX, lo de Toulouse en el año 1119, en que presidió Calixto II, y finalmente el Concilio de Laterano del 1139.

Por lo tanto, las ejecuciones ocasionales de los herejes durante este período se deben atribuir en parte a la acción arbitraria de gobernantes individuales, en parte a los brotes fanáticos del populacho fervoroso, y de ninguna manera a la ley eclesiástica o a las autoridades eclesiásticas. Había ya, es verdad, los canonistas que concedieron a la Iglesia el derecho de pronunciar la sentencia de la muerte a los herejes; pero el asunto fue tratado como una cuestión puramente académica, y la teoría no ejerció virtualmente ninguna influencia sobre la vida en realidad. La excomunicación, la proscripción, el encarcelamiento, etc., fueron infligidos de hecho, con la intención de ser formas de reparación que ser castigo verdadero, pero nunca tuvo la intención de ser sentencia capital. La máxima de Pedro Cantor todavía fue adherida: "Los cátaros, aunque están condenados por el poder divino en una prueba dura, no deben ser castigados por la muerte." Durante la segunda mitad del siglo XII, sin embargo, la herejía en la forma del Catarismo se extendía en una manera verdaderamente alarmante, y no solamente amenazaba la existencia de la Iglesia, pero minaba las mismas fundaciones de la sociedad cristiana. En oposición a esta propaganda creció una cierta clase de ley preceptiva -- por lo menos en Alemania, Francia, y España -- que oponía la herejía con la muerte por el fuego. Inglaterra en su mayor parte seguía siendo incorrupta por la herejía. Cuando en el año 1166, casi treinta miembros de una secta llegaron allí, Enrique II pidió que fueran quemados en las frentes con hierro candente, que se baten con las barras en la plaza pública, y que les ahuyenten. Además, él prohibió a cualquier persona que les diera el abrigo o que les asistiera de otra manera, de modo que se murieron en parte por el hambre y en parte por el frío del invierno. El Duque Felipe de Flandes, ayudado por Guillermo de la Mano Blanca, Arzobispo de Reims, era particularmente severo hacia los herejes. Los dos ordenaron a muchos ciudadanos en sus dominios -nobles y plebeyos, clérigos, caballeros, campesinos, solteronas, viudas, mujeres sin casamiento- que fueran quemados vivos; confiscaron su propiedad y la dividieron entre ellos. Éste ocurrió en el año 1183. Entre 1183 y 1206 el Obispo Hugo de Auxerre actuaba de manera similar hacia los neo-maniqueos. De algunos les confiscó su posesiones; otros fueron exilados o los condenó a la muerte por fuego. El Rey Felipe Augusto de Francia condenó a la muerte por fuego a ocho cátaros en Troyes en el año 1200, a uno en Nevers en el año 1203, a varios en Braisne Veste en 1204, y a muchos en París -- "sacerdotes, clérigos, laicos, y mujeres que pertenecían a la secta". Raimundo V de Toulouse (1148-94) promulgó una ley que castigó por la muerte a discípulos de la secta y a los que les favorecieron. Los guardias de Simón de Montfort creyeron en 1211, que daban cumplimiento a esta ley cuando se jactaron cómo se habían quemado vivo a muchos, y continuarían haciendo lo mismo (unde multos combussimus et adhuc cum invenimus idem facere non cessamus). En 1197 Pedro II, Rey de Aragón y Conde de Barcelona, publicó un edicto en la obediencia a la cual los Waldensianos y el resto de los cismáticos fueron expulsados de su territorio; quienquiera de esta secta todavía fuera encontrada en su reino o en su condado después del Domingo de las Palmas del año próximo debiera sufrir la muerte por el fuego, y también incautación de sus posesiones.

La legislación eclesiástica estaba lejos de tal severidad. Alejandro III en el Concilio de Laterano del 1179 renovó las decisiones tomadas ya con respecto a los cismáticos en Francia meridional, y solicitó a los gobernadores seculares que silenciaran a los que hacían disturbios en el orden público, por la fuerza, si fuera necesario. Para realizar este objetivo tenían la libertad de encarcelar al culpable (debita animadversione puniendus) y de apropiarse de sus posesiones. Según el acuerdo hecho por Lucius III y el Emperador Federico Barbarossa en Verona (1148), los herejes de cada comunidad debían ser buscados, traídos ante la corte episcopal, excomulgados, y dados al poder civil para ser castigados apropiadamente (debita animadversione punendus). El castigo apropiado (debita animadversio, ultio), sin embargo, no significaba, hasta este punto, el castigo capital, pero la interdicción proscriptita, en muchos casos esto se concretó en el exilio, la expropiación, la destrucción de la casa de los culpables, la infamia, la expulsión del foro y castigos similares. El "Continuatio Zwellensis altera, ad ann. 1184" (Mon. Germ. Hist.: SS., IX, 542) describe exactamente la condición de los herejes en este tiempo cuando dice que el Papa los excomulgará , y el emperador los pone bajo la interdicción civil, mientras que este último confisca sus posesiones. Bajo Inocencio III no se hizo nada para intensificar ni agregar a los estatutos de aquel tiempo, algo contra la herejía, aunque este Papa le dió una gama más amplia por la acción de sus emisarios y por poder del Cuarto Concilio Laterano (1215). Pero este acto era de hecho un servicio relativo a los herejes, porque el procedimiento canónico regular introducido así hizo mucho para atenuar el carácter arbitrario, la pasión, y la injusticia de las cortes civiles en España, Francia y Alemania. En tanto que seguían estas normas en vigor, ninguna condenación sumaria ni ejecuciones en masa ocurrieron, ni ocurrió ninguna muerte por el fuego y, si, en una ocasión durante el primer año de su pontificado, Inocencio III, para justificar la incautación, abrogó a la ley romana y a sus castigos para los crímenes contra el poder soberano, sin embargo él no trazó la conclusión extrema de que los herejes merecieron ser quemados. Su reinado da muchos ejemplos de cuánto quitó el vigor en la práctica del código penal existente.

II. LA SUPRESIÓN DE LA HEREJÍA POR LA INSTITUCIÓN CONOCIDA COMO LA INQUISICIÓN

A. La Inquisición en la Edad Media

Durante las primeras tres décadas del siglo XIII, la Inquisición, como institución, no existió. Pero eventualmente la Europa cristiana estaba en peligro por la herejía, y la legislación penal referente al catarismo estaba en tal condición que la Inquisición parecía una necesidad política. Que estas sectas eran una amenaza a la sociedad cristiana había sido reconocido por la mayor parte por los gobernantes del área bizantina. Desde el siglo X la Emperatriz Teodora había condenado a muerte a una multitud de paulicianos y en el año 1118 el Emperador Alexius Comnenus trató a los Bogomili con igual severidad; pero este hecho no evitó que estas sectas se propagaran por toda la Europa occidental. Por otra parte, estas sectas eran muy agresivas, hostiles al cristianismo, a la Misa, a los sacramentos, a la jerarquía eclesiástica y a su organización; ellos eran también hostiles al gobierno feudal por su actitud hacia los juramentos, de los cuales declararon impermisibles bajo ninguna circunstancia. Ni eran sus opiniones simplemente menos fatales a la continuación de la sociedad humana, porque por un lado prohibieron el matrimonio y la propagación de la raza humana, y por otra parte hicieron del suicidio un deber por la institución de la Endura (véase Cátaros). Se ha dicho que más cátaros fallecieron con la Endura (el código del suicidio de los cátaros) que con la Inquisición. Era, por lo tanto, bastante natural para los guardianes de la orden existente en Europa, especialmente de la religión cristiana, adoptar medidas represivas contra tales enseñanzas revolucionarias.

En Francia Luis VIII decretó en el año 1226 que las personas incomunicadas por el obispo diocesano, o por su delegado, debían recibir el "castigo apropiado" (debita animadversio). En el año 1249 Luis IX ordenó a sus barones que traten a los heréticos según los dictados del decreto de su deber (de ipsis faciant quod debebant). Según un decreto del Concilio de Toulouse (1229) parece probable que en Francia la muerte por el fuego era entendida ya de acuerdo con la ley antes dicha. Intentar rastrear de esta manera la influencia de ordenanzas imperiales o papales es inútil puesto que el castigo del fuego a los heréticos había sido ya establecido como algo preceptivo. Se dice en el "Etablissements de St. Louis et coutumes de Beauvaisis ", ch. cxiii (Ordonnances de Roys de France, I, 211): "Quand le juge [ecclésiastique] laurait examiné [le suspect] se il trouvait, quil feust bougres, si le devrait faire envoier à la justice laie, et la justice laie le dolt fere ardoir." El "Coutumes de Beauviaisis" corresponde al "Sachsenspiegel" alemán, o al "Espejo de Leyes Saxones", compilado alrededor del año 1235, el cuál también incorporaba una ley sancionada por costumbre (sal man uf der hurt burnen). El emperador Federico II de Italia, desde el 22 de noviembre del año 1220 (Mon. Germ., II, 243), publicó un decreto contra los heréticos, concebido, no obstante en el espíritu de Inocencio III, y Honorio III comisionó a sus emisarios para reforzar la aplicación en ciudades italianas de los decretos canónicos del año 1215 y de la legislación imperial del año 1220. De lo siguiente hay duda de que hasta el año 1224 no había ninguna ley imperial que ordenara, el quemar a los heréticos. El decreto de Lombardía del año 1224 (Mon. Germ., II, 252; cf. ibid., 288) es por consiguiente la primera ley en la cual la muerte por el fuego está contemplada (cf. Ficker, op. cit., 196). No se puede mantener si Honorius III estaba de cualquier manera implicado en el bosquejo de esta ley; el emperador de hecho no tenía la necesidad de la inspiración papal puesto que el quemar a los heréticos en Alemania era en aquella época común; los emisarios del papa, por otra parte, habrían dirigido ciertamente la atención de los emperadores a la antigua Ley Romana que daba el poder de castigar la alta traición por la muerte, y al maniqueísmo en detalle con la muerte a la pira. Los decretos imperiales del año 1220 y del año 1224 fueron adoptados y fueron puestos en el código penal eclesiástico en el año 1231, y pronto se aplicó en Roma. Era con base en esto que la Inquisición del Medievo comenzó a existir.

¿Cuál era la provocación inmediata? Las fuentes contemporáneas no producen ninguna respuesta positiva. El Obispo Douais, que quizás ordena el mejor material contemporáneo original que cualquier otra persona, ha procurado en su último trabajo (l'Inquisition, Ses Origines. Sa Procedure, París, 1906) explicar el aspecto por una ansiedad supuesta de Gregorio IX para prevenir las usurpaciones de Federico II en el tema estrictamente eclesiástico de la doctrina. A este propósito parecería necesario que el papa estableciera una corte distinta y específicamente eclesiástica. Desde este punto de vista, la hipótesis no puede ser probada completamente y sigue siendo obscura la situación sobre el tópico. Había sin duda una razón de temer tales usurpaciones imperiales en una edad llena de los conflictos del Imperio y de sacerdocio. Necesitamos solamente recordar al respecto, las maneras clandestinas del emperador y de su impaciencia fingida para la pureza de la fe, de su legislación cada vez más rigurosa contra heréticos, de las ejecuciones numerosas de sus rivales personales con el pretexto de herejía, de la pasión hereditaria de la familia Hohenstaufen para el control supremo sobre la iglesia y sobre el estado, su demanda de la autoridad divina, sobre ambos, la responsabilidad en sus dominios, etc. ¿Cuál era la vía más natural que la iglesia debía reservarla terminantemente a su propia esfera, mientras que al mismo tiempo se esfuerza por evitar ofender al emperador? Un tribunal religioso puramente espiritual o papal aseguraría la libertad eclesiástica y la autoridad porque esta corte se podría confiar a los hombres de experiencia y de reputación libre de culpa, y sobretodo a hombres independientes en cuales la iglesia podía confiar con seguridad una decisión en cuanto a la ortodoxia o la heterodoxia de cierta enseñanza. Por otra parte, para resolver los deseos de los emperadores hasta lo permisible, el código penal del imperio se podría asumir como el de control tal como era (cf. Audray, "Regist. de Grégoire IX", n. 535).

(2) El Tribunal Nuevo

(a) Su característica esencial

El papa no estableció la Inquisición como tribunal distinto y separado; lo que hizo fue designar a los jueces especiales pero permanentes, que ejecutaron sus funciones doctrinales en el nombre del papa. Donde se sentaron las bases para la Inquisición. Debe ser observado cuidadosamente que la característica distinta de la Inquisición no era su procedimiento peculiar, ni la examinación secreta de testigos y de la acusación oficial consecuente: este procedimiento era común en todas las cortes a partir de la época de Inocencio III. Ni era la búsqueda de heréticos en todos los lugares: ésta había sido la regla desde el Sínodo Imperial de Verona bajo Lucio III y Federico Barbarossa. Ni estaba la tortura, que no fue prescrita o aún no fue tenida en cuenta décadas después del principio de la Inquisición, ni, finalmente, las varias sanciones, encarcelamiento, incautación, la muerte por fuego, etc. Castigos que existían generalmente mucho más antes de la Inquisición. El Inquisidor, en sentido estricto, era un juez especial pero permanente, actuando en el nombre del Papa y con autoridad de él para ocuparse legalmente de ofensas contra la fe; él tenía sin embargo, que adherirse a las reglas establecidas del procedimiento canónico y pronunciar los castigos acostumbrados.

Muchos lo miraron como intervención de Dios, al tiempo que se originaban dos órdenes religiosas nuevas, los dominicos y los franciscanos, que por su entrenamiento teológico superior y otras características, parecían aptos para realizar la tarea inquisitorial con gran éxito. Era seguro asumir que no fueron dotados simplemente con el conocimiento indispensable, sino que también hacían lo que tenían que hacer absolutamente no por egoísmo y sin la influencia de motivos terrenos, y hacían lo que parecía su deber para el bienestar de la Iglesia. Además, había razón de esperar que, debido a su gran popularidad, no encontrarían demasiada oposición. Al parecer, por lo tanto, natural que los inquisidores debían ser elegidos por los papas principalmente de estas órdenes, especialmente lo de los Dominicanos. Se debe observar, sin embargo, que los inquisidores no eran elegidos exclusivamente de los órdenes mendicantes, aunque sin duda fue lo que busco el Senado de Roma cuando en su juramento de oficina (1231) se mencionó a los inquisidores datos ab ecclesia. En su decreto del año 1232 Federico II les llamó inquisidores ab apostolica sede datos. El dominico Albérico, en noviembre del año 1232, pasó por la Lombardía como inquisidor haereticae pravitatis. Al prior y al secundario-prior de los Dominicanos en Friesbach les dieron una comisión similar desde el 27 de noviembre del año 1231; el 2 de diciembre de1 1232, el monasterio de Strasburgo, y un poco más tarde los monasterios de Wurzburg, de Ratisbon, y de Bremen, también recibieron la comisión. En el año 1233 un edicto de Gregorio IX, refiriéndose a estas materias, fue enviado simultáneamente a los obispos de la Francia meridional y a los priores del la orden de los dominicos. Sabemos que los dominicos fueron enviados como inquisidores en el año 1232 a Alemania a lo largo del río Rin, a los Diócesis de Tarragona en España y a Lombardía; en el año 1233 a Francia, al territorio de Auxerre, a las provincias eclesiásticas de Bourges, de Burdeoux, de Narbonne, y de Auch, y a Burgundy; en el año 1235 a la provincia eclesiástica de Sens. En fin, cerca del año 1255 encontramos la Inquisición en plena actividad en todos los países de la Europa central y la Europa occidental en el condado de Toulouse, en Sicilia, en Aragón, en Lombardía, en Francia, en Burgundy, en Brabant, y en Alemania (cf. Douais, op. cit., p. 36, y Fredericq, "Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, 1025-1520", 2 vols., Ghent, 1884-96).

La creencia de que Gregorio IX, por nombrar a los dominicos y franciscanos como inquisidores, retiró la supresión de la herejía de las cortes apropiadas (por ejemplo, de los obispos), es una idea que no se puede generalizar. Tan poco pensaba él en desplazar la autoridad episcopal que, al contrario, él proporcionó explícitamente que ningún tribunal de la inquisición trabajara dondequiera sin la cooperación diocesana de los obispos. Y si, por la fuerza de su jurisdicción papal, los inquisidores manifestaron de vez en cuando una inclinación demasiado grande de actuar independientemente de la autoridad episcopal, era precisamente por ello que los papas los trataron de mantener dentro de sus límites. En el año 1254 Inocencio IV prohibió de nuevo el encarcelamiento perpetuo o la condenación a la muerte por el fuego sin el consentimiento episcopal. Órdenes similares fueron publicados por Urbano IV en el año 1262, Clemente IV en el año 1265, y Gregorio X en el año 1273, hasta que finalmente Bonifacio VIII y Clemente V declararon solemnemente nulo y sin valor todos los juicios publicados en procesos referentes a la fe, a menos que fueran entregados con la aprobación y la cooperación de los obispos. Los papas siempre mantenían con sinceridad la autoridad episcopal, e intentaban liberar los tribunales de la inquisición de cada clase de carácter arbitrario y de caprichos.

Era una carga pesada de responsabilidad -casi demasiado pesada para un mortal común- la que caía sobre los hombros de un inquisidor, quien era obligado, por lo menos indirectamente, a decidir entre la vida y la muerte. La Iglesia tenía que insistir que el inquisidor debe poseer, a un grado supremo, las calidades de un buen juez; que debe ser animado con un celo que brilla intensamente para la Fe, la salvación de almas, y el extirpación de la herejía; que entre todas las dificultades y todos los peligros él nunca debe rendirse a la furia o a la pasión; que debe resolver la hostilidad sin miedo; que no debe rendirse a ningún estímulo o amenaza, pero al mismo tiempo no debe ser despiadado; que, cuando las circunstancias lo permitían, él debe observar misericordia en la asignación de penas; que debe escuchar los consejos de otros y no confiar mucho a su propia opinión, puesto que lo probable es a menudo falso. Así Bernard Guildonis y Eymeric, inquisidores los dos por años, describieron el inquisidor ideal. De tal inquisidor también estaba pensando Gregorio IX sin duda cuando él impulsó a Conrado de Marburg: "ut puniatur sic temeritas perversorum quod innocentiae puritas non laedatur" - es decir, "no castigar al sospechoso para lastimar al inocente." La historia nos muestra cómo los inquisidores contestaron a este ideal. En vez de ser inhumanos, eran, en general, se dijo oficialmente: hombres de carácter inmaculado y a veces de una santidad verdaderamente admirable. Varios de ellos han sido canonizados por la Iglesia. No hay ninguna razón de mirar al juez eclesiástico medieval como intelectualmente y moralmente inferior al juez moderno. Nadie negaría que los jueces de hoy, a pesar de decisiones ásperas ocasionales y los errores de algunos, persiguen una profesión altamente honorable. Semejantemente, los inquisidores medievales deben ser juzgados en su totalidad. Por otra parte, la historia no alinea la hipótesis que los heréticos medievales eran prodigios de la virtud, mereciendo nuestra condolencia anticipadamente.

(b) Procedimiento

Esto comenzó regularmente con un término de un mes "de la tolerancia", proclamado por el inquisidor cuando él viniera a un distrito en donde se sospechaba había herejía. Convocaba a los habitantes a aparecer ante el inquisidor. A los que confesaron por cuenta propia, un castigo apropiado (por ejemplo, un peregrinaje) fue impuesto, pero nunca fue impuesto un castigo severo como el encarcelamiento o la entrega a los poderes civiles. Sin embargo, estas relaciones con los residentes de un lugar a menudo daban paso a situaciones más graves, indicaban la área apropiada para la investigación, y a veces mucha evidencia contra individuos era obtenida así. Estas personas, entonces fueron citados ante jueces -generalmente por el sacerdote de la parroquia, aunque de vez en cuando por las autoridades seculares- y el proceso daba inicio. Si el acusado inmediatamente daba una confesión completa y libre, el asunto era pronto concluído, y no operaba a desventaja del acusado. Pero en la mayoría de los casos el acusado se negó, aun después de jurar en los cuatro Evangelios, y esta negación era obstinada en la medida que el testimonio le incriminaba. David de Augsburg (cf. Preger, "Der Traktat des David von Augsburg uber die Waldenser", Munich 1878 pp43 sqq.) precisó al inquisidor cuatro métodos de extraer la admisión abierta:

(c) Los testigos

Los papas, de vez en cuando, tuvieron que poner un fin a las condiciones de semejantes atrocidades a través de sus Obispos o Cardenales. Después de examinar las prisiones de Carcassonne y de Albi en 1306, los legados Pierre de la Chapelle y Bedranger de Fredol despidieron al guardia, quitaron los encadenamientos de los cautivos y rescataron algunos de quienes se hallaban en los subterráneos. Se esperaba que el Obispo local proporcionara los alimentos de la propiedad confiscada del preso. Para aquellos condenados a un confinamiento cerrado, era bastante, apenas más que el pan y el agua. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que permitieran a los presos otros alimentos, vino y también dinero de afuera, esto básicamente fue tolerado.

No era oficialmente la iglesia quien condenaba a muerte a herejes impertinentes, más preciso a la estaca. Como legados de la iglesia romana incluso Gregorio IV nunca fue más lejos que las ordenanzas penales requeridas de Inocencio III, ni nunca infringió un castigo más severo que la ex-comunicación. No fue hasta cuatro años después del comienzo de su pontificado que él admitió la opinión, entonces frecuente entre los jurisconsultos, que herejía debería debía ser castigada con pena de muerte, viendo que esta confesión no era una ofensa menos seria que la alta traición. Sin embargo él continuó insistiendo en el derecho exclusivo de la iglesia para decidir de manera auténtica en materias de herejía, pero al mismo tiempo no fue su oficina la que pronunciaba la sentencia de muerte. A partir de entonces la iglesia expulsó de su seno al herético impenitente, con lo cual el estado se encargó de ejecutar temporalmente el castigo. Frederick II opinó de la misma manera, en su constitución de 1224, él dice que el hereje condenado por una corte eclesiástica, en autoridad imperial, sufrirá la muerte por el fuego (auctoritate nostra ignis iudicio concremandos) y en algo semejante en 1233 "praesentis nostrae legis edicto damnatos mortem pati decernimus. " De esta manera Gregory IX podía ser visto como si no hubiera tenido parte directa o indirecta en la muerte del hereje condenado, ni tampoco los papas sucesores. En la aprobación papal de Inocencio IV el "anuncio existirpanda " (1252) dice:

(4) ¿Cómo podemos explicar la inquisición en la luz de su propio período? El trabajo del verdadero historiador no es el de defender hechos y condiciones, sino el de estudiarlos y entenderlos en su curso y relación natural. Es incuestionable que en el pasado cualquier comunidad o nación concedió la tolerancia perfecta a aquellos que instalaron un credo diferente del que era la generalidad. Un tipo de la ley del hierro sería el de disponer la humanidad a la intolerancia religiosa. Incluso mucho antes de que el estado romano haya tratado de controlar con violencia las usurpaciones rápidas del cristianismo, Platón ya había declarado uno de los deberes supremos de la autoridad gubernamental en su estado ideal en no mostrar ninguna tolerancia hacia los "sin dios" (ateos). Esto es, hacia aquellos que negaron al estado de religión aunque estaban contentos de vivir reservados y sin ganar prosélitos, su propio ejemplo, él dijo, sería peligroso. Debían de haber sido mantenidos en custodia "en un lugar en donde uno crece sabio" (sophronisterion), como el lugar del encarcelamiento eufemísticamente fue llamado. Debían de ser relegados a aquel sitio por cinco años y durante dicho tiempo escuchar instrucciones religiosas todos los días. Los opositores más activos y persuasivos de la religión del estado debían ser encarcelados de por vida en calabozos terribles y después de la muerte que se privaran del entierro. Es así evidente la poca justificación que hay con respecto a la intolerancia como producto de las edades medias. En el pasado los hombres siempre creyeron que nada debía crear problemas a la paz pública y el bienestar común. Por otra parte, una fé pública uniforme era la garantía más segura para la estabilidad y la prosperidad de los estados. Mientras más se complementa la religión como parte de la vida nacional y cuanto más fuerte es la convicción general de su inviolabilidad y origen divino, más dispuestos estarían los hombres a considerar cada ataque contra él como un crimen intolerable contra Dios y una amenaza criminal muy alta a la paz pública. Los primeros emperadores cristianos creyeron que uno de los deberes principales de un gobernante imperial debía ser el de colocar su espada al servicio de la iglesia y del ortodoxo, especialmente cuando sus títulos de " Pontifex Maximus " y el de" Obispo del exterior " parecían discutir a sus divinamente designados agentes del cielo.

No obstante, los prelados principales de la iglesia por siglos no aceptaban la práctica de los gobernantes civiles en esta materia y se restringieron de tales medidas estrictas contra la herejía como castigo, la que juzgaban contraria con el espíritu del cristianismo. Sin embargo, en la Edad Media, la fe católica llegó a ser la fe dominante y el bienestar de la Cámara del Estado llego a integrarse cercanamente con la causa de la unidad religiosa. El rey Pedro de Aragón, por lo tanto expresó la convicción universal cuando él dijo: "los enemigos de la cruz de Cristo y violadores de la ley cristiana son además nuestros enemigos y los enemigos de nuestro reino deberían por lo tanto ser tratados como tal". El emperador Frederick II acentuó esta visión más vigorosamente que cualquier otro príncipe y la hizo cumplir en sus promulgaciones draconianas contra los herejes. Los representantes de la iglesia también fueron hijos de su propio tiempo y en su conflicto con la herejía validaron la ayuda que su edad libremente les ofreció. Teólogos y canonistas, los más altos y más bendecidos, se dirigían por el código de sus días e intentaron explicarlo y justificarlo. El docto y santo Raymundo de Peñafuerte, estimado altamente por Gregorio IX, estaba satisfecho con las penalidades que venían de Inocente III; por ejemplo, la interdicción del imperio, de la incautación de la propiedad, del confinamiento en la prisión, etc. Pero antes del final del siglo, Santo Tomás de Aquino (Summa Theol., II-II 11:3 y II-II 11:4) ya había abogado por el castigo capital para la herejía, aunque no se puede decir que sus argumentos no eran convincentes. El doctor angelical, no obstante habla solamente de una manera general del castigo de muerte y no especifica más de cerca la manera de su inflicción. El celebrado Henry de Segusia (Susa), nombrado Hostienes por sus episcopales Mar de Ostia (muerto en el año 1271) y no la menos eminente Juana Andrea (muerta en el año 1345) cuando al interpretar el decreto " ad abolendam" de Lucius III, toman debita animadversio (debido castigo) como sinónimo con ignis crematio (muerte por el fuego), un significado que no asoció ciertamente a la expresión original de 1184. Los teólogos y los juristas basaron su actitud hasta cierto punto en la semejanza entre herejía y el alto crimen (crimen laesae maiestatis), una sugerencia que debieron a la ley de la Roma antigua. Por otra parte, discutieron en que si la pena de muerte se podría infligir directamente en ladrones y falsificadores que nos roban mercancías, cuán más justo en aquellos que nos engañan fuera de cosas materiales, fuera de la fe, de los sacramentos, de la vida del alma. En la legislación severa del Viejo Testamento (Deut., xiii, 6-9; xvii, 1-6) encontraron otro argumento. Y al fin algunos deban impulsar que esas ordenanzas fueron abrogadas por la cristiandad, las palabras de Cristo eran repetidas: "no he venido a destruir sino a satisfacer" (Mateo V, v. 17); también su otro refrán (Juan, xv 6): " el que no cree en mí será echado como una rama, marchitará, lo recogerán, lo echarán al fuego y se quemará " (in ignem mittent, et ardet).

Es bien sabido que la creencia en la justicia de castigar herejía con muerte era tan común entre los reformadores siglo XVI -Lutero, Suinglio, Calvino y sus seguidores- y podemos decir que su tolerancia comenzó cuando su poder terminó. El teólogo reformado, Hierónimo Zanchi declaró en una conferencia entregada en la universidad de Heidlelberg:

En relación con la inquisición es necesario advertir, por un lado el distinguir claramente entre los principios y el hecho histórico; por otro lado, esas exageraciones o descripciones retóricas que revelan divisiones y una determinación obvia de dañar el Catolicismo en vez de animar el espíritu de tolerancia y fomentar su ejercicio. Es también esencial observar que la inquisición, en su establecimiento y procedimiento, no perteneció a la esfera de la creencia, sino a la de disciplina. La enseñanza dogmática de la iglesia no es afectada de manera alguna por la pregunta de si la inquisición fue justa en su práctica o sabia en sus métodos o extrema en su práctica. La iglesia establecida por Cristo como una sociedad perfecta se autoriza para crear leyes y para infligir las penas por su violación. La herejía no solo viola su ley sino que las ataca directamente; unidad de la creencia; desde el principio, el herético o hereje había incurrido en todas las penas de las cortes eclesiásticas. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión del imperio y más aún cuando la gente de Europa del norte llegaron a ser naciones cristianas, la alianza cercana de la iglesia y del estado hizo la unidad de la fe esencial, no solamente para la organización eclesiástica sino que también para la sociedad civil. Por lo consiguiente, herejía era un crimen en que los reguladores seculares estuvieron obligados en hacer cumplir el castigo. La herejía fue vista incluso como un crimen peor que otros crímenes, aún que la alta traición; para la sociedad de esa época era lo que llamamos anarquía. Por lo tanto la severidad con la cual el hereje fue tratado por la autoridad secular ocurría de hecho mucho antes de lo que la inquisición fue establecida.

En lo que concierne al carácter de estos castigos, debe ser considerado que eran la expresión natural no solamente de la autoridad legislativa, pero también del odio popular a la herejía en una era que trató vigorosa y ásperamente con criminales de cada tipo. El herético, en una palabra, era simplemente un criminal cuya ofensa, en la mente popular, merecía (y a veces recibía) un castigo tan sumario como el que es ejercido a menudo en nuestros propios días por un populacho enfurecido a los autores de crímenes detestados. Dicha intolerancia no era peculiar en el catolicismo sino que era el acompañamiento natural de la profunda convicción religiosa en aquellos y también en quienes abandonaron la iglesia. Es evidente por las medidas tomadas por algunos de los reformadores contra los que diferenciaron de ellos en materias de la creencia. Como el doctor Dr. Schaff declara en su " historia de la iglesia cristiana " (vol. V, Nueva York, 1907, p. 524),

Por otra parte, se puede citar en prueba de eso la historia entera de las Leyes Penales contra católicos en Inglaterra e Irlanda y el frecuente espíritu de la intolerancia en muchas de las colonias americanas durante los siglos XVII, y XVIII. Obviamente sería absurdo culpar a la religión protestante como responsable de éstas prácticas. Pero instalando el principio del juicio privado que aplicado lógicamente hizo la herejía imposible, los primeros reformadores procedieron a tratar a los disidentes como habían sido tratados los herejes medievales. Es trivial sugerir que esto fuera inconsistente en vista de la profundidad que produce en el significado de una tolerancia que a menudo es solamente teórica y la fuente de esa intolerancia es la misma que los hombres muestran hacia el error.

B. La Inquisición en España

(1) Hechos históricos

Condiciones similares a aquellas que se tenían en el sur de Francia, hicieron que se estableciera la inquisición en el reino de Aragón. A principios del año 1226 el rey Santiago I había prohibido el reino de los cátaros, y en 1228 había declarado a los cátaros como ilegales, tanto a ellos como a sus simpatizantes. Un poco más tarde y con base en recomendación de su confesor, Raymundo de Peñaforte, pidió autorización al papa Gregorio IX con el fin de establecer la inquisición en Aragón. Por medio de la Bula "Declinante Jam mundi" del 26 de mayo de 1232, el arzobispo Espárrago y sus seguidores, fueron instruidos a efecto de que utilizaran a los dominicos como agentes. Todo ello a efecto de castigar a los herejes y a sus diócesis. En el Concilio de Lérida, en 1237, la inquisición fue formalmente confiada a los dominicos y a los franciscanos. En el Sínodo de Tarragona en 1242, Raymundo de Peñaforte definió los términos: herético, receptor, fautor, defensor, etc., y delineó las penas que debían ser impuestas. Aunque las ordenanzas de Inocencio IX, Urbano IV, y Clemente VI fueron adoptadas de manera escrupulosa y estricta, no se tuvo un resultado exitoso. El inquisidor Fray Ponce de Planes fue envenenado y Bernardo Travaser ganó la corona del martirio a manos de los herejes. De todos los haragoneses, el más conocido fue el Dominico Nicolás Eymeric (Quetif-Echard, "Scriptores ord. Pr." I, 709 y sig.). Su "Directorium Inquisitionis" (escrito en Aragón en 1376, impreso en Roma en 1587, en Venecia en 1595 y en 1607), daba cuenta de cuarenta y cuatro años de experiencia, y como una fuente de documentación original tiene un altísimo valor histórico.

La inquisición española propiamente, principió no obstante, en el reino de Fernando e Isabel, los Reyes Católicos. La fe católica se percibió que estaba en riesgo debido a la influencia de los judíos (marranos) y del mahometanismo (moros). El 1 de noviembre de 1478, Sixto IV dio poder a los reyes soberanos para establecer la inquisición. Los jueces debían tener como mínimo 40 años de edad y de impecable reputación, distinguiéndose por la virtud y la sabiduría, maestros en teología y doctores o licenciados en la ley canónica, además ellos debían seguir las acostumbradas leyes y regulaciones de la ley eclesiástica. El 17 de septiembre de 1480, los Reyes Católicos nombraron primeramente en Sevilla a los dominicos Miguel de Morillo y Juan de San Martín como inquisidores, con dos asistentes laicos. Ante Roma, ellos fueron acusados, tiempo después de intensos abusos de autoridad. Ante Sixto IV, el 29 de enero de 1482, se les culpó de abuso a partir de la autoridad papal, de haber encarcelado injustamente a gente inocente, de haber torturado, confiscado propiedades, de haber declarado falsamente a creyentes y de haberlos ejecutado. Al principio se les conminó a que actuaran conjuntamente con los obispos, y luego se les amenazó con destitución y tal situación hubiese ocurrido de no ser que intercedieron por ellos los Reyes Católicos. Fray Tomás de Torquemada (nacido en Valladolid en 1420 y muerto en Avila el 16 de septiembre de 1498), fue el verdadero organizador de la inquisición en España. A solicitud de los Reyes Católicos (Páramo II, tit. ii, c, iii, n.9), Sixto IV nombró a Torquemada como el Gran Inquisidor, y al frente de ese cargo se tuvo un gran avance en la inquisición española. Inocencio VIII aprobó el acto de su predecesor y con fecha del 11 de febrero de 1486 y del 6 de febrero de 1487, a Torquemada se le confirieron los títulos de Gran Inquisidor de los reinos de Castilla, León, Aragón, Valencia, etc. La institución rápidamente se ramificó a Sevilla, Córdova, Jaen, Villareal y Toledo. Ya para 1538 habían 19 cortes a las cuales fueron agregadas tres más en América (México, Lima y Cartagena). Los intentos de ramificaciones en Italia no contaron con éxito así como los intentos de expansión en Holanda, los que resultaron desastrosos para España. La institución sin embargo, se mantuvo en actividad en este país incluso en el siglo XIX. Al principio se declaró en contra de las sectas secretas del judaísmo y de los moros o musulmanes. La entidad sirvió para rechazar a los protestantes en el siglo XVI, pero fracasó en sus intentos de expulsar a los racionalistas franceses y la inmoralidad del siglo XVIII. El rey José Bonaparte la abolió en 1808, pero fue reintroducida por Fernando VII en 1814 y aprobada por Pío VII bajo ciertas condiciones, entre otras con la abolición de la tortura. Finalmente la institución fue abolida con la revolución de 1820.

(2) Organización

A la cabeza de la inquisición, conocida también como el Santo Oficio, se encontraba el Gran Inquisidor, nominado por el Rey y confirmado por el Papa. En virtud de las credenciales papales, el Gran Inquisidor disfrutaba de gran autoridad y podía delegar sus poderes en las personas que considerara pertinentes, así como también recibía las apelaciones de las cortes españolas. El contaba con la asistencia de un Consejo Supremo el que consistía de cinco miembros, llamados los Inquisidores Apostólicos, dos secretarios, dos relatores, un abogado fiscal, y varios consultores y calificadores. Los oficiales del Supremo Tribunal, fueron nombrados por el Gran Inquisidor luego de haber consultado con el rey. Este último también podía libremente colocar, transferir, remover de sus cargos, visitar e inspeccionar a los inquisidores y oficiales de cortes menores. El 16 de diciembre de 1618, Felipe III concedió a los dominicos la posibilidad de nombrar a un miembro de la orden dentro del Consejo Supremo. Todo el poder para ese entonces estaba concentrado en ese tribunal. El mismo decidía sobre los asuntos importantes, escuchaba apelaciones, sin su autorización no podía llegar a encarcelarse a ningún sacerdote, caballero, o persona de noble linaje, sin su aprobación no podía aprobarse ningún auto de fe. Se elaboraba un reporte anual sobre la inquisición y cada mes se tenía un reporte financiero. Todos estaban sujetos a este tribunal, incluyendo sacerdotes, obispos, y aun soberanos. La inquisición española se distinguió dentro del sistema de la constitución monárquica, por un gran sentido de concentración y por su relación con la corona en términos de los nombramientos y el seguimiento de los casos.

(3) Procedimiento

Los procedimientos fueron básicamente los mismos que hasta ahora se han nombrado. En ese sentido el "término de gracia" de 30 a 40 días fue concedido invariablemente y muchas veces prolongado. La prisión fue establecida en casos de aprobación unánime y que se considerara que ya la falta ya había sido establecida. Los exámenes al prisionero podían tener lugar únicamente en presencia de dos sacerdotes neutrales. La obligación de estos últimos era evitar cualquier arbitrariedad y determinar que los protocolos hubieran sido leídos dos veces al acusado. La defensa estuvo siempre a cargo de un abogado. Los testigos, aunque desconocidos al acusado, fueron juramentados y a los mismos se les podía aplicar la pena de muerte si era demostrado que su proceder se basaba en falsedades (León X, 14 de diciembre de 1518). La tortura fue aplicada en casos extremos y aunque la misma fue cruel, no fue menos cruel que la aplicada por Carlos V en Alemania.

(4) Análisis histórico

La inquisición española no merece ni la alabanza ni la condena extrema según las fuentes oficiales. El número de las víctimas no puede ser calculado con exactitud, los malignos autos de fe no fueron sino en realidad ceremonias religiosas (actus fedei), los San Benito y sus contrapartes fueron aplicados de manera generalizada, la crueldad atribuida a San Pedro Arbues, de quien ninguna sentencia de muerte se ha podido trazar con exactitud, pertenece más bien al terreno de la fábula. Sin embargo, no puede dudarse de la naturaleza esencialmente eclesiástica de la institución. El Vaticano nombró las grandes autoridades de la Inquisición y de estas el poder de decisión fue delegado a niveles correspondientes de carácter más operativo que estuvieron dentro de las jerarquías de control.

José de Maistre introdujo la noción de que la inquisición española fue más bien un tribunal civil. Con anterioridad, sin embargo, los teólogos nunca discutieron su carácter eclesiástico. Solamente de esta manera se puede inferir porque los papas admitían las apelaciones en el Vaticano, y en ocasiones llamaban a juicios en cualquier estado que se encontraban los procedimientos, exceptuando casos completos de creyentes, delimitación de jurisdicciones, intervención en la legislación, así como restitución de inquisidores y cosas por el estilo (véase Torquemada, Tomás de).

C. El Santo Oficio en Roma

La gran apostasía en el siglo XVI, la filtración de la herejía en las tierras del catolicismo y el progreso de las enseñanzas heterodoxas por doquier, promovieron que el papa Paulo III estableciera el "Sacra Congregatio Romanae et universalis inquisitions seu sancti officii" mediante la constitución del "Licet ab initio" del 21 de julio de 1542. Este tribunal inquisidor estaba compuesto por seis cardenales, era la corte final de apelaciones en materia de fe, y la corte de primera instancia en los casos reservados para el papa. Los sucesivos papas, especialmente Pío IV (por las constituciones de "Pastoralis Oficii" del 14 de octubre de 1562, "Romanus Pontifex" del 7 de abril de 1563, "Cum nos per" de 1564, "Cum inter crimina" del 27 de diciembre de 1562), y Pio V (por el decreto de 1566, la constitución "Inter jultiplices" del 21 de diciembre de 1566, y el "Cum felicis record" de 1566) establecieron mayores provisiones en cuanto a procedimientos y competencia de la corte. Por medio de la constitución "Lummensa aeterni" del 23 de enero de 1587, Sixto V llegó a ser el gran organizador, o más bien el reorganizador de su congregación.

El Santo Oficio fue la primera de las congregaciones romanas. Su personal incluyó jueces, oficiales, consultores y calificadores. Los jueces eran cardenales nombrados por el papa, cuyo número original de 6 fue elevado a 8 por Pío IV y a 13 por Sixto V. El número actualizado llegó a depender del papa (Benedicto XIV constitución "Sollicita et Provida", 1733). Esta última congregación se diferenció de las otras en que el papa presidía cuando se tomaban decisiones, o las mismas eran anunciadas (coram sanctissimo). La sesión solemne de los jueces era precedida por una sesión de cardenales los miércoles en la iglesia de Santa María (Supra Minerva) y de una reunión de consultores los días lunes en el Palacio del Santo Oficio. El oficial de más alto rango fue el Commisarius Sancti Oficii, un dominicano de la provincia de Lombarda, al cual acompañaban dos adjuntos de la misma orden. El actuaba como juez máximo durante el caso completo hasta que la sesión plenaria concluía con su veredicto. Sin embargo, la sesión plenaria era presidida por el Assesor Sancti Oficii, siempre un clérigo secular. El Promotor Fiscalis era el fiscal representativo, mientras que la defensa estaba a cargo del Advocatus reorum. El deber de los consultores era dar consejo a los cardenales. Ellos podían ser laicos o clérigos de las diferentes órdenes, sin embargo el General de los Dominicos, el Magister Sancti Palatii y un tercer miembro de la orden eran siempre consultores ex oficio (Consultoris nati). A los calificadores se les nombraba de por vida, pero sus opiniones sólo eran escuchadas cuando se les requería. El Santo Oficio tenía jurisdicción sobre todos los cristianos y de acuerdo a Pío IV aún sobre cardenales. En la práctica, sin embargo, se excluyó a estos últimos. Su autoridad se basaba fundamentalmente en la constitución de Sixto V "Immensa aeterni" (véase Congregaciones Romanas).

JOSEPH BLÖTZER
Transcripción de Matt Dean
Traducido por Glenda Tapia, Bernadette Urbani y Giovanni E. Reyes